Descargo de responsabilidad webinfo@ilo.org |
Necesidad de una protección rápida y eficaz (Protección contra la discriminación antisindical)Descripción:(CLS: Recopilación de decisiones 2006) Documento:1305 Sujeto: Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales Visualizar el documento en: Ingles Frances Necesidad de una protección rápida y eficaz 813. Es necesario que la legislación establezca de manera explícita recursos y sanciones contra actos de discriminación antisindical con objeto de asegurar la eficacia práctica del artículo 1 del Convenio núm. 98. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 697; 300.º informe, caso núm. 1799, párrafo 209; 329.º informe, caso núm. 2172, párrafo 351, caso núm. 2068, párrafo 436; 334.º informe, caso núm. 2222, párrafo 210 y 335.º informe, caso núm. 2265, párrafo 1347.) 814. Cuando un gobierno se ha comprometido a garantizar con medidas apropiadas el libre ejercicio de los derechos sindicales, para que esta garantía sea real-mente eficaz deben establecerse, de ser necesario, medidas de protección en favor de los trabajadores contra los actos de discriminación sindical en el empleo. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 698 y 329.º informe, caso núm. 2154, párrafo 813.) 815. En virtud del Convenio núm. 98, los gobiernos deben tomar medidas, siempre que sea necesario, para que la protección de los trabajadores sea eficaz, lo que implica, por supuesto, que las autoridades habrán de abstenerse de todo acto que pueda provocar o tenga por objeto provocar una discriminación contra el trabajador en el empleo por causas sindicales. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 699.) 816. Mientras se garantice de manera efectiva la protección contra los actos de discriminación antisindical, los métodos que se adopten para garantizarla a los trabajadores pueden variar de un Estado a otro, pero si tales actos de discriminación se produjesen, el gobierno interesado debe, cualesquiera que sean los métodos utilizados normalmente, tomar todas las medidas que considere necesarias para remediar esta situación. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 737; 307.º informe, caso núm. 1877, párrafo 403 y 330.º informe, caso núm. 2229, párrafo 950.) 817. El gobierno es responsable de la prevención de todo acto de discriminación antisindical y que debe velar por que todas las quejas contra prácticas discriminatorias de esa índole sean examinadas con arreglo a un procedimiento que además de expeditivo no sólo debería ser imparcial sino también parecerlo a las partes interesadas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 738 y, por ejemplo 307.º informe, caso núm. 1877, párrafo 403; 310.º informe, caso núm. 1880, párrafo 539; 321.er informe, caso núm. 1972, párrafo 77; 327.º informe, caso núm. 1995, párrafo 211; 330.º informe, caso núm. 2126, párrafo 152; 334.º informe, caso núm. 2126, párrafo 152; 334.º informe, caso núm. 2126, párrafo 73; 335.º informe, caso núm. 2228, párrafo 897; 336.º informe, caso núm. 2336, párrafo 536; 337.º informe, caso núm. 2395, párrafo 1200 y 338.º informe, caso núm. 2402, párrafo 467.) 818. Las normas de fondo existentes en la legislación nacional que prohíben actos de discriminación antisindical no son suficientes si las mismas no van acompañadas de procedimientos que aseguren una protección eficaz contra tales actos. (Véanse Recopilación de 1996, párrafos 739, 740 y 742 y por ejemplo 320.º informe, caso núm. 2034, párrafo 745; 324.º informe, caso núm. 2035, párrafo 574; 330.º informe, caso núm. 2186, párrafo 372; 331.er informe, caso núm. 2215, párrafo 178; 332.º informe, caso núm. 2227, párrafo 608; 333.er informe, caso núm. 2186, párrafo 350; 334.º informe, caso núm. 2222, párrafo 210, caso núm. 2215, párrafo 236; 335.º informe, caso núm. 2236, párrafo 967; 337.º informe, caso núm. 2395, párrafo 1200 y 338.º informe, caso núm. 2186, párrafo 53.) 819. Puede resultar a menudo difícil, si no imposible, que un trabajador aporte la prueba de que una medida de la que ha sido víctima constituye un caso de discriminación antisindical. En este sentido cobra toda su importancia el artículo 3 del Convenio núm. 98, que dispone que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto del derecho de sindicación. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 740; 310.º informe, caso núm. 1867, párrafo 88; 311.er informe, caso núm. 1934, párrafo 127; 316.º informe, caso núm. 1970, párrafo 556; 330.º informe, caso núm. 2186, párrafo 372; 333.er informe, caso núm. 2184, párrafo 354 y 335.º informe, caso núm. 2265, párrafo 1348.) 820. El respeto de los principios de la libertad sindical exige claramente que los trabajadores que se consideran perjudicados como consecuencia de sus actividades sindicales deben disponer de medios de reparación que sean rápidos, económicos y totalmente imparciales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 741 y, por ejemplo 310.º informe, caso núm. 1880, párrafo 530; 327.º informe, caso núm. 2098, párrafo 757; 328.º informe, caso núm. 2158, párrafo 319; 329.º informe, caso núm. 2172, párrafo 351, caso núm. 2176, párrafo 565; 330.º informe, caso núm. 2186, párrafo 372; 333.er informe, caso núm. 2281, párrafo 633; 335.º informe, caso núm. 2236, párrafo 967 y 338.º informe, caso núm. 2378, párrafo 1145.) 821. Cuanto más se demora en completar un procedimiento, más difícil le resulta al órgano competente fijar una indemnización justa y adecuada, ya que la situación alegada ha cambiado a menudo de manera irreversible, el personal ha sido trasladada, etc., de suerte que resulta imposible ordenar una reparación adecuada o retornar a la situación anterior. (Véase 329.º informe, caso núm. 2176, párrafo 565.) 822. Es necesario que se prevean en la legislación, de manera expresa, recursos y sanciones suficientemente disuasivos contra los actos de discriminación antisindical, a fin de garantizar la eficacia práctica de los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98. (Véanse Recopilación de 1996, párrafos 743 y 745; 299.º informe, caso núm. 1687, párrafo 455; 307.º informe, caso núm. 1877, párrafo 401; 316.º informe, caso núm. 1934, párrafo 211; 330.º informe, caso núm. 2203, párrafo 808; 335.º informe, caso núm. 2236, párrafo 967, caso núm. 2265, párrafo 1351.) 823. Cuando un gobierno se ha comprometido a garantizar el derecho de sindicación mediante medidas apropiadas, dicha garantía, para que sea eficaz, debe ir acompañada, cuando sea preciso, de medidas que incluyan la protección de los trabajadores contra toda discriminación antisindical en su empleo. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 744.) 824. El Comité ha señalado la necesidad de garantizar, mediante disposiciones específicas y sanciones penales y civiles, la protección de los trabajadores contra actos de discriminación antisindical por parte de los empleadores. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 746; 329.º informe, caso núm. 2154, párrafo 815 y 330.º informe, caso núm. 2186, párrafo 374.) 825. Un sistema de protección contra actos de discriminación antisindical que incluye multas severas en caso de despidos antisindicales, intimación administrativa al reintegro y posibilidad de clausura de la empresa no es contrario al Convenio núm. 98. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 747.) 826. Los procesos relativos a cuestiones de discriminación antisindical, en violación del Convenio núm. 98, deberían ser examinados prontamente, a fin de que las medidas correctivas necesarias puedan ser realmente eficaces. Una excesiva demora en la tramitación de los casos de discriminación antisindical y, en particular, la ausencia de decisión por largo tiempo en los procesos relativos a la reposición de los dirigentes sindicales despedidos equivale a una denegación de justicia y por tanto una negación de los derechos sindicales de los afectados. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 749 y, por ejemplo 304.º informe, caso núm. 1719, párrafo 415; 309.º informe, caso núm. 1945, párrafo 66; 320.º informe, caso núm. 1937, párrafo 95; 329.º informe, casos núms. 1948 y 1955, párrafo 396; 331.er informe, caso núm. 1955, párrafo 18; 333.er informe, caso núm. 2291, párrafo 915; 335.º informe, caso núm. 2228, párrafo 897; 336.º informe, caso núm. 2203, párrafo 428; 337.º informe, caso núm. 2395, párrafo 1194 y 338.º informe, caso núm. 1890, párrafo 179.) 827. En relación con un caso en que el procedimiento se había extendido durante 14 meses, el Comité pidió a la autoridad judicial que, a fin de evitar una denegación de justicia, se pronunciase sobre los despidos sin demora y subrayó que una nueva prolongación indebida del proceso podría justificar por sí sola el reintegro de estas personas en sus puestos de trabajo. (Véase 323.er informe, caso núm. 2059, párrafo 476.) 828. Las quejas contra las prácticas antisindicales normalmente deberían examinarse mediante un procedimiento nacional, que además de rápido no sólo debería ser imparcial, sino también parecerlo a las partes interesadas, las cuales deberían participar en el mismo de una manera apropiada y constructiva. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 750; 330.º informe, caso núm. 2158, párrafo 853; 331.er informe, caso núm. 2187, párrafo 443; 332.º informe, caso núm. 2262, párrafo 397 y 334.º informe, caso núm. 2126, párrafo 73.) 829. El Comité recordó que la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical había puesto de relieve la importancia de prever medios rápidos, económicos y totalmente imparciales para la solución de las quejas por actos de discriminación antisindical; asimismo, llamó la atención sobre la conveniencia de solucionar las quejas, siempre que sea posible, mediante la discusión, no debiendo considerarse la tramitación de las quejas como una forma de litigio; pero, concluía la Comisión, cuando existan diferencias de opinión o de puntos de vista expresados de buena fe, habrá que apelar a tribunales o a personas imparciales, lo que constituye el recurso final en los procedimientos de solución de conflictos. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 751.) 830. El Comité ha recordado a la atención la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143), la cual con el fin de garantizar una protección eficaz de los representantes de los trabajadores recomienda entre las medidas que deben adoptarse que, cuando se alega que el despido de un representante de los trabajadores o la modificación en su detrimento de las condiciones de empleo fuesen discriminatorios, se adopten disposiciones que impongan al empleador la obligación de probar que su acto estaba justificado. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 736.) 831. Además de los mecanismos de protección preventiva contra actos de discriminación antisindical (como por ejemplo, la obtención de una autorización previa de la inspección del trabajo antes de proceder al despido de un dirigente sindical), otra forma de garantizar una protección eficaz podría consistir en obligar a los empleadores a aportar la prueba de que su decisión de despedir a un trabajador no está vinculada a las actividades sindicales del mismo. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 752 y 335.º informe, caso núm. 2265, párrafo 1348.) 832. En casos de reducción del personal, el Comité recordó el principio contenido en la Recomendación núm. 143 sobre la protección y facilidades que deberían otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, que propugna entre las medidas específicas de protección "reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción de personal" (artículo 6, 2, f)). (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 960; 302.º informe, caso núm. 1838, párrafo 121; 311.er informe, caso núm. 1865, párrafo 334; 313.er informe, caso núm. 1987, párrafo 115; 328.º informe, caso núm. 2165, párrafo 246; 330.º informe, caso núm. 2142, párrafo 58, caso núm. 2151, párrafo 536; 337.º informe, caso núm. 2356, párrafo 700; 338.º informe, caso núm. 2226, párrafo 132.) 833. En un caso en que el gobierno situaba el despido de nueve dirigentes sindicales en el marco de programas de reestructuración del Estado, el Comité subrayó la conveniencia de dar prioridad a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal, para garantizar la protección efectiva de tales dirigentes. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 961; 305.º informe, caso núm. 1875, párrafo 180; 313.er informe, caso núm. 1987, párrafo 115; 322.º informe, caso núm. 1962, párrafo 66; 325.º informe, caso núm. 2068, párrafo 334; 328.º informe, caso núm. 2068, párrafo 207; 331.er informe, caso núm. 2226, párrafo 302 y 337.º informe, caso núm. 2356, párrafo 700.) 834. El Comité ha considerado, además, que los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar que los inspectores del trabajo puedan penetrar libremente y sin previa notificación en los establecimientos sujetos a inspección, y proceder a cualquier investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales - en particular, las relativas a la discriminación antisindical - se observan estrictamente. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 753 y 336.º informe, caso núm. 2316, párrafo 55.) 835. Cuando haya denuncias de actos de discriminación antisindical, las autoridades competentes deben realizar de manera inmediata una investigación y tomar las medidas oportunas para remediar las consecuencias de los actos de discriminación antisindical que se constaten. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 754 y, por ejemplo 308.º informe, caso núm. 1897, párrafo 476; 309.º informe, caso núm. 1852, párrafo 335; 310.º informe, caso núm. 1880, párrafo 539; 318.º informe, caso núm. 1987, párrafo 56; 320.º informe, caso núm. 1989, párrafo 327; 328.º informe, caso núm. 2116, párrafo 364; 331.er informe, caso núm. 2068, párrafo 265; 334.º informe, caso núm. 2200, párrafo 757; 337.º informe, caso núm. 2371, párrafo 238 y 338.º informe, caso núm. 2407, párrafo 492.) 836. En un caso en que entre las medidas de reparación disponibles para los trabajadores indocumentados despedidos por tratar de ejercer sus derechos sindicales figuran: 1) la orden que se da al empleador de impedir y poner fin a las infracciones a la legislación y 2) la orden que se le da de colocar en un lugar visible de sus locales un anuncio destinado a los trabajadores en el que se especifiquen los derechos de éstos en virtud de la ley y se describen detalladamente las prácticas desleales anteriormente cometidas, el Comité consideró que dichas medidas no sancionan de manera alguna el acto de discriminación antisindical ya perpetrado, sino que sirven únicamente como posibles factores de disuasión de actos futuros. Lo más probable es que tal enfoque aporte una escasa protección a los trabajadores indocumentados que se expongan a ser despedidos indiscriminadamente por ejercer los derechos de la libertad sindical, sin que haya ninguna sanción directa que pueda evitar tales acciones. Las medidas de reparación examinadas son inadecuadas para garantizar una protección efectiva contra los actos de discriminación antisindical. (Véase 332.º informe, caso núm. 2227, párrafos 609 y 610.) |
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Búsqueda universal | NATLEX |
|
Descargo de responsabilidad webinfo@ilo.org |