Descargo de responsabilidad webinfo@ilo.org |
Protección de los locales y bienes sindicales (Derechos sindicales y libertades públicas)Descripción:(CLS: Recopilación de decisiones 2006) Documento:0216 Sujeto: Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales Visualizar el documento en: Ingles Frances Protección de los locales y bienes sindicales (Véase también párrafo 345) 178. La inviolabilidad de los locales y bienes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio de los derechos sindicales. (Véanse 300.º informe, caso núm.1795, párrafo 189 y caso núm. 1791, párrafo 342.) 179. La ocupación de locales sindicales por las fuerzas del orden, sin mandato judicial para hacerlo, constituye una grave injerencia de las autoridades en las actividades sindicales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 174; 300.º informe, caso núm. 1791, párrafo 342; 321.er informe, caso núm. 2052, párrafo 249; 325.º informe, caso núm. 2052, párrafo 411 y 338.º informe, caso núm. 2364, párrafo 980.) 180. El derecho a la inviolabilidad de los locales de las organizaciones de trabajadores y de empleadores tiene como corolario necesario que las autoridades públicas no puedan exigir la entrada en tales locales sin autorización previa de los ocupantes o sin haber obtenido el correspondiente mandato judicial. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 175 y, por ejemplo, 299.º informe, caso núm. 1772, párrafo 131; 300.º informe, caso núm. 1790, párrafo 296; 305.º informe, caso núm. 1858, párrafo 308; 308.º informe, caso núm. 1920, párrafo 522; 311.er informe, caso núm. 1954, párrafo 409; 316.º informe, caso núm. 1888, párrafo 497; 320.º informe, caso núm. 1961, párrafo 615; 321.er informe, caso núm. 2020, párrafo 48; 329.º informe, caso núm. 2184, párrafo 828 y 331.er informe, caso núm. 2081, párrafo 109.) 181. Fuera de los allanamientos por mandato judicial, el ingreso de la fuerza pública en los locales sindicales constituye una grave e injustificable injerencia en las actividades sindicales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 176; 300.º informe, caso núm. 1799, párrafo 211; 302.º informe, caso núm. 1849, párrafo 214; 305.º informe, caso núm. 1874, párrafo 271; 311.er informe, caso núm. 1954, párrafo 409; 318.º informe, caso núm. 2005, párrafo 185, 329.º informe, caso núm. 2184, párrafo 828 y 336.º informe, caso núm. 2321, párrafo 493.) 182. Todo allanamiento de sedes sindicales, así como de hogares de sindicalistas sin mandato judicial constituye una gravísima violación de la libertad sindical. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 177; 300.º informe, caso núm. 1649, párrafo 455; 304.º informe, caso núm. 1851, párrafo 284; 309.º informe, casos núms. 1851 y 1922, párrafo 245; 320.º informe, caso núm. 1961, párrafo 615; 323.er informe, caso núm. 2081, párrafo 568; 326.º informe, caso núm. 2090, párrafo 239; 331.er informe, caso núm. 2081, párrafo 109 y 337.º informe, caso núm. 2388, párrafo 1344.) 183. En cuanto al allanamiento de locales sindicales, la resolución relativa a los derechos sindicales y a su relación con las libertades civiles, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 54.ª reunión (1970), dispone que el derecho a una protección adecuada de los bienes sindicales constituye una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 178: 300.º informe, caso núm. 1799, párrafo 211, caso núm. 1649, párrafo 455 y 302.º informe, caso núm. 1849, párrafo 214.) 184. Al examinar alegatos de asaltos contra locales sindicales y a las amenazas ejercidas contra sindicalistas, el Comité recordó que tales actos crean un ambiente de temor entre los sindicalistas, que sería muy perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales, y que cuando las autoridades tienen conocimiento de estos actos, deberían proceder sin demora a una investigación para determinar las responsabilidades a fin de poder sancionar a los culpables. (Véanse la Recopilación de 1996, párrafo 179; 306.º informe, caso núm. 1908, párrafo 458; 308.º informe, caso núm. 1908, párrafo 359; 318.º informe, caso núm. 1994, párrafo 461 y 320.º informe, caso núm. 2027, párrafo 874.) 185. Los registros efectuados en los locales sindicales no deberían producirse sino por mandato de la autoridad judicial ordinaria y cuando dicha autoridad esté convencida de que hay razones fundadas para suponer que se encuentran en esos locales las pruebas necesarias para castigar un delito de derecho común y a condición de que el registro se limite a lo que haya motivado el mandato. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 180; 300.º informe, caso núm. 1783; párrafo 286; 304.º informe, caso núm. 1850, párrafo 212; 323.er informe, caso núm.2081, párrafo 568, 331.er informe, caso núm. 2081, párrafo 109 y 333.er informe, caso núm. 2246, párrafo 935.) 186. Si los locales sindicales fueron utilizados como refugio por autores de atentados o como lugar de reunión para organizaciones políticas, los sindicatos interesados no podrían beneficiarse de ningún tipo de inmunidad contra la intervención de las autoridades en dichos locales. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 181.) 187. Aun cuando la intervención policial en los locales sindicales pudiese justificarse en circunstancias de suma gravedad, dicha intervención no debería de ningún modo suponer el saqueo de los locales y archivos de una organización. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 182, y 304.º informe, caso núm. 1850, párrafo 212.) 188. Es necesario someter a control judicial la ocupación o el precintado de los locales sindicales por las autoridades, debido al gran riesgo de parálisis de las actividades sindicales que entrañan estas medidas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 183; 304.º informe, caso núm. 1851, párrafo 284; 316.º informe, caso núm. 1888, párrafo 497, caso núm. 1972, párrafo 707; 326.º informe, caso núm. 2090, párrafo 239; 332.º informe, caso núm. 2199, párrafo 162; 333.er informe, caso núm. 2153, párrafo 205; 334.º informe, caso núm. 2267, párrafo 659 y 338.º informe, caso núm. 2364, párrafo 980.) 189. El Comité subrayó la importancia del principio de que los bienes sindicales deberían gozar de protección adecuada. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 184; 304.º informe, caso núm. 1850, párrafo 212; 307.º informe, caso núm. 1851, párrafo 268, 308.º informe, caso núm. 1920, párrafo 522; 316.º informe, caso núm. 1972, párrafo 707; 327.º informe, caso núm. 2118, párrafo 643; 330.º informe, caso núm. 2144, párrafo 708; 331.er informe, caso núm. 2199, párrafo 704; 333.er informe, caso núm. 2153, párrafo 205 y 335.º informe, caso núm. 2304, párrafo 1016.) 190. La confiscación de bienes de las organizaciones sindicales por parte de las autoridades, sin una orden judicial, constituye un atentado contra el derecho de propiedad de los bienes sindicales y una injerencia indebida en las actividades de los sindicatos, contraria a los principios de la libertad sindical. (Véase 310.º informe, caso núm. 1957, párrafo 132.) 191. Un clima de violencia como el que traducen actos de agresión contra los locales y los bienes sindicales puede constituir un grave obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales, razón por la cual tales actos deberán exigir severas medidas por parte de las autoridades, en particular someter los presuntos autores a una autoridad judicial independiente. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 185; 307.º informe, caso núm. 1851, párrafo 268; 308.º informe, caso núm. 1920, párrafo 522 y 318.º informe, caso núm. 2020, párrafo 320.) 192. Las autoridades estatales no deberían restringir el acceso de los afiliados a sus locales sindicales. (Véase 326.º informe, caso núm. 2090, párrafo 239.) |
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Búsqueda universal | NATLEX |
|
Descargo de responsabilidad webinfo@ilo.org |