El impacto del sistema de control regular

Desde 1964, la Comisión de Expertos viene llevando la cuenta del número de casos de progreso en los que ha observado cambios en la legislación y en la práctica que mejoran la aplicación de los convenios ratificados. Hasta la actualidad, se ha tomado nota de más 3.000 casos de progreso.

En los últimos años, y en respuesta a sus comentarios, la Comisión ha tomado nota de los siguientes cambios:

  • Samoa adoptó la Ley sobre relaciones de trabajo y empleo de 2013. De conformidad con el artículo 51, 2), de dicha Ley, se prohíbe el trabajo de los menores de 18 años de edad en trabajos con maquinarias peligrosas o en cualquier ocupación o lugar sujeto a condiciones de trabajo que puedan ser perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral del niños;
  • Ucrania adoptó la Ley sobre la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2006. Dicha ley tiene como objetivo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la sociedad, incluido en el empleo, gracias a la puesta en práctica de la igualdad de derechos, la eliminación de la discriminación y de acciones concretas encaminadas a suprimir las desigualdades entre hombres y mujeres. El artículo 17 de esta ley prevé la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el ámbito del empleo, la promoción del empleo, el desarrollo de la mano de obra y la formación;
  • Líbano adoptó el Decreto núm. 8987, de 2012, sobre la prohibición del empleo de menores de 18 años en trabajos que pueden ser nocivos para su salud, seguridad o moralidad. Con arreglo a este decreto, los menores de 18 años no serán empleados en tipos de trabajos y actividades que, por su naturaleza, perjudiquen la salud, seguridad o moralidad de los niños, limiten su educación y constituyan una de las peores formas del trabajo infantil, incluidas en el anexo núm. 1 del decreto. Además, los menores de 16 años de edad no serán empleados en los tipos de trabajos peligrosos enumerados en el anexo núm. 2 del decreto, que incluye el trabajo en actividades agrícolas; el trabajo en fabricación de baldosas; actividades de transformación de rocas, piedras y similares, el trabajo de edificación, demolición, excavación, construcción y el trabajo en alturas, y el trabajo en empresas comerciales e industriales.
  • La República Unida de Tanzania derogó la Ley sobre los tribunales del trabajo (núm. 41, de 1967) que contenía disposiciones que prohibían las huelgas no conformes al procedimiento fijado en la ley, cuya violación era susceptible de sanciones de encarcelamiento (lo cual implicaba la obligación de trabajar).

El impacto del sistema de control regular no se limita sólo a los casos de progreso. La Comisión de Expertos analiza cada año si los Estados Miembros han cumplido con su obligación de someter los instrumentos adoptados a sus órganos legislativos para que éstos los estudien. Incluso si un país decide no ratificar un convenio, puede optar por armonizar su legislación con el mismo. Los Estados Miembros revisan regularmente los comentarios de la Comisión sobre la aplicación de los convenios en otros países y pueden, no obstante, enmendar su propia legislación y su propia práctica, con vistas a evitar problemas similares en la aplicación de una norma, o para emular las buenas prácticas. Cuando se ha ratificado un convenio, la Comisión envía con frecuencia solicitudes directas no publicadas a los gobiernos, en las que señala problemas aparentes en la aplicación de una norma, dando al país concernido tiempo para responder y tratar estas cuestiones antes de que se publique cualquier comentario. Las intervenciones de la Comisión facilitan el diálogo social, al requerir que los gobiernos revisen la aplicación de una norma y compartan esta información con los interlocutores sociales, que también pueden comunicar información. El diálogo social que tiene lugar a continuación puede conducir a la resolución y a la prevención de otros problemas.

Millones de usuarios pueden acceder, a través de Internet, a los informes de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia. Los gobiernos y los interlocutores sociales pueden, así, tener un incentivo aún mayor para resolver los problemas surgidos en la aplicación de las normas, con miras a evitar los comentarios críticos de estos órganos. Cuando los Estados Miembros lo solicitan, la Oficina Internacional del Trabajo brinda una asistencia técnica sustancial para redactar y revisar la legislación nacional, con el fin de garantizar su conformidad con las normas internacionales del trabajo. De este modo, los órganos de control también desempeñan una función importante en la evitación de que aparezcan en los primeros planos problemas en la aplicación de las normas.