Luchar contra el trabajo forzoso mediante la inspección del trabajo: Un reportaje desde Brasil

El próximo junio, la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo mantendrá en Ginebra un debate general sobre las inspecciones de trabajo. Realizadas con eficiencia, las inspecciones tienen la capacidad de prevenir accidentes en el trabajo, proteger a los trabajadores, mejorar sus condiciones de trabajo y aumentar la productividad al garantizar un entorno de trabajo decente.


El próximo junio, la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo mantendrá en Ginebra un debate general sobre las inspecciones de trabajo. Realizadas con eficiencia, las inspecciones tienen la capacidad de prevenir accidentes en el trabajo, proteger a los trabajadores, mejorar sus condiciones de trabajo y aumentar la productividad al garantizar un entorno de trabajo decente. También pueden contribuir a que se haga realidad la visión de la OIT relativa a que ningún ser humano pase ni un solo día de su vida trabajando bajo coacción o sufriendo tratos degradantes o inhumanos.

Brasil ha tomado la iniciativa en materializar esta visión. Los sucesivos planes de acción nacionales adoptados en 2003 y 2008 han permitido la liberación de miles de trabajadores gracias a actividades de inspección del trabajo y medidas para luchar contra la impunidad de los empleadores. La OIT, con su Programa de Acción Especial para Combatir el Trabajo Forzoso, ha apoyado estas iniciativas nacionales en la pasada década.

Entre las principales medidas adoptadas por Brasil en la lucha contra el trabajo forzoso está la formación de un Grupo Especial de Inspección Móvil (GEFM) en 1995, adscrito al Ministerio de Trabajo, que combina los esfuerzos de unos inspectores de trabajo especialmente formados y equipados, de abogados del Ministerio de Trabajo y de agentes de policía.

Desde 2002, con el apoyo de los Gobiernos de Brasil, Noruega y Estados Unidos, la OIT ha ejecutado sucesivos proyectos de cooperación técnica para respaldar la aplicación de los planes de acción nacionales y para reforzar la capacidad de gestión de los proveedores y compradores brasileños, lo que permite reducir los riesgos de que se den condiciones de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Los proyectos han procurado, en particular, reforzar la capacidad de los organismos nacionales, incluido el GEFM, coordinados por la CONATRAE (Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo en Condiciones de Esclavitud). Otras actividades incluyen el desarrollo de una base de datos para la Secretaría de Inspección de Trabajo, la elaboración de planes de acción de ámbito estatal contra el trabajo en condiciones de esclavitud y las actividades, de formación para los cuerpos de seguridad y agentes judiciales de las zonas de Brasil en las que la incidencia del trabajo forzoso es más grave.

Más de 39.000 trabajadores esclavos rescatados desde 1995

Entre 1995 y 2010, GEFM ha liberado a más de 39.000 personas de su trabajo en condiciones de esclavitud. En 2010 inspeccionó 305 explotaciones agrarias, lo que permitió la liberación de 2.617 trabajadores sometidos a esclavitud. La indemnización total que recibieron estos trabajadores fue de 8,7 millones de reales brasileños (cerca de 5,2 millones de dólares de Estados Unidos). Desde 1995, el total de indemnizaciones pagadas para liberar a los trabajadores supera los 62 millones de reales (unos 37,1 millones de dólares) y, desde entonces, la cantidad que se paga como indemnización ha ido aumentando de modo significativo cada año.

El GEFM es un elemento clave en la estrategia del Gobierno para luchar contra el trabajo en condiciones de esclavitud. Con unos equipos formados por inspectores de trabajo, abogados del Ministerio de Trabajo y agentes de la policía federal, el GEFM investiga in situ los casos de denuncia de trabajo en condiciones de esclavitud, libera a los trabajadores y lleva ante los órganos judiciales a los propietarios de las haciendas u otras empresas en las que se han encontrado trabajadores en condiciones semejantes a la esclavitud.

Las denuncias de casos de trabajo en condiciones de esclavitud las presentan trabajadores que, después de lograr escapar de la hacienda, tienen que caminar –en ocasiones durante muchos días– para llegar a la ciudad, o por aquéllos que, tras ser liberados a la conclusión de su periodo de servicio, denuncian los malos tratos recibidos. Los principales organismos de ayuda a las víctimas del trabajo en condiciones de esclavitud son la Comisión Pastoral de la Tierra, representada por sacerdotes y misioneros que actúan en las parroquias locales; la policía federal, y los sindicatos y cooperativas de trabajadores rurales.

Inspecciones sorpresa para liberar a los trabajadores

Los equipos del GEFM realizan inspecciones imprevistas en las haciendas para imponer multas y liberar a los trabajadores cuando se descubren irregularidades como formas graves de explotación, trabajo en condiciones de esclavitud o trabajo infantil. Algunos de los abusos que los equipos se encargan de descubrir son: servidumbre por deudas; presencia de guardias armados; pruebas de malos tratos o de condiciones de trabajo degradantes, en general asociadas a la falta de higiene en las viviendas de los trabajadores; falta de seguridad en el trabajo; salarios muy bajos y jornadas laborales excesivas.

Por regla general, los trabajadores contraen una deuda inicial con el empleador en el momento de la contratación. A partir de entonces, la deuda se mantiene artificialmente, ya que el trabajador tiene que pagar por el transporte a la hacienda y, posteriormente, por la compra de todo lo que necesita (ropa, alimentos, medicamentos e incluso herramientas de trabajo) en la tienda de la explotación, a precios muy superiores a los del mercado. Los trabajadores tienen prohibido abandonar la hacienda y periódicamente se les amenaza para que no intenten hacerlo.

Si la situación que se descubre en una hacienda es especialmente grave y el propietario se niega a pagar las multas o dificulta el trabajo del GEFM, el Ministerio de Trabajo puede solicitar la congelación de las cuentas bancarias de la explotación agrícola inspeccionada y arrestar a los implicados.

Las actividades del Grupo Especial de Inspección Móvil han permitido que se produzcan cambios significativos en el comportamiento de los terratenientes y en su relación con los trabajadores. La presencia del GEFM ha dado a conocer a las víctimas del trabajo en condiciones de esclavitud sus derechos, y a los terratenientes sus obligaciones. Esto ha ayudado a mejorar las condiciones de trabajo y a reducir el ambiente de impunidad y de logro de dinero fácil en algunas regiones de Brasil.