MANAGUA (OIT en Línea) – Los 258 abogados capacitados este año para mejorar la justicia laboral en Nicaragua no fueron reclutados en el marco de un proyecto aislado: la aplicación de normas es uno de los pilares de la nueva estrategia de trabajo decente lanzada en este país centroamericano al amparo de un renovado diálogo social entre gobierno, empleadores y trabajadores.
El Programa de Trabajo Decente fue suscrito por los representantes tripartitos de Nicaragua y por la OIT en septiembre. Además de establecer un marco para la cooperación de la Organización con ese país, plantea como prioridad la puesta en marcha de mecanismos que darán un nuevo impulso al diálogo social, en un país donde hay grandes desafíos en materia de empleo y superación de la pobreza.
“Hablar de trabajo decente es un reto, y sobretodo una responsabilidad para quienes cotidianamente estamos inmersos en el mundo laboral”, destacó la ministra del Trabajo de Nicaragua, Jeannette Chávez Gómez, quien consideró que la firma del Programa constituyó un hito en las relaciones laborales que pronto será seguido por otras iniciativas de diálogo.
La primera será el establecimiento de un Consejo Nacional del Trabajo, una instancia tripartita en la cual puedan discutirse asuntos relacionados con los desafíos laborales de ese país. La otra, es generar un marco estratégico, también mediante un acuerdo tripartito, que será denominado Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno.
“Esto significa que han aparecido espacios importantes para la materialización del diálogo social en Nicaragua, y esto es clave para que puedan tener éxito las iniciativas orientadas a generar mayores oportunidades de trabajo decente”, destacó el Director de la oficina de la OIT para Centroamérica, Virgilio Levaggi, quien suscribió a nombre de la Organización el nuevo Programa en Managua.
Nicaragua enfrenta el desafío de generar vías hacia el trabajo decente en medio de una situación social apremiante, ya que la pobreza afecta a 46 por ciento de la población de 5,5 millones de habitantes. El 15 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema.
En cuanto a los indicadores laborales, el país tiene una tasa de desempleo de 5,2 por ciento, más baja que la media latinoamericana, pero en el Programa de Trabajo Decente se advierte que “el principal déficit estructural del mercado de trabajo nicaragüense es la calidad del empleo que genera la economía”.
El subempleo afecta a alrededor de 30 por ciento de los trabajadores ocupados. Esta categoría incluye a quienes trabajan menos de 36 horas a la semana pero quieren trabajar más (subempleo visible), y a quienes trabajan 36 o más horas pero ganan menos que el salario mínimo (subempleo invisible).
Por otra parte el diagnóstico de la situación laboral en Nicaragua ha revelado que más de 70 por ciento de los empleos generados anualmente se crean en la economía informal y la pequeña actividad campesina.
“El problema de la informalidad es la precariedad”, explicó Levaggi. “Los bajos ingresos y las malas condiciones laborales son factores que contribuyen a limitar las posibilidades de progreso y de superación de la pobreza que tienen las personas”.
Otro de los problemas que enfrenta este país centroamericano es el del desempleo que afecta a 4 de cada 10 jóvenes en la fuerza laboral. “Es un sector muy importante de nuestra población que está seriamente afectado por el desempleo, en especial la mujer joven”, destacó la ministra Chávez.
El marco de cooperación de la OIT con Nicaragua establecido en el Programa de Trabajo Decente establece entre sus prioridades el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de empleadores y trabajadores y de la institucionalidad estatal, mejora de la seguridad social y de la salud y seguridad en el trabajo, y un plan de empleo juvenil.
El cumplimiento efectivo de las normas internacionales del trabajo es considerado como prioridad número 1, lo que incluye fortalecimiento institucional, sensibilización de los actores involucrados, cambios jurídicos que correspondan, marco normativo adecuado, y capacitación de quienes deben trabajar en este campo.
La capacitación de los 253 abogados del Ministerio del Trabajo, del Poder Judicial, de organizaciones de empleadores y trabajadores y del mundo académico, fue iniciada por la OIT este año, incluso antes de la firma del Programa, para contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia laboral nicaragüense.
Al mismo tiempo, se realizó la primera recopilación sistematizada de la jurisprudencia en materia laboral, un instrumento clave para el trabajo de jueces y abogados.
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