GINEBRA (Noticias de la OIT) – El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) eligió a Zdzislaw Rapacki, Embajador y Representante Permanente de Polonia ante Naciones Unidas en Ginebra, como Presidente del período de sesiones 2008-2009.
La 302ª sesión del Consejo Administrativo también evaluó una serie de otras cuestiones, incluyendo un informe del Comité sobre Libertad Sindical de la OIT.
El Embajador Rapacki reemplaza al Dayan Jayatilleka, Embajador y Representante Permanente de Sri Lanka ante Naciones Unidas en Ginebra, quien se desempeñó como Presidente del Consejo de Administración en el período 2007-2008. Antes de su llegada a Ginebra, el Embajador Rapacki trabajó durante 10 años como asesor de política exterior del Presidente de Polonia. En 2006, fue presidente de la Conferencia de Desarme.
Leroy Trotman, Secretario General de la Unión de Trabajadores de Barbados (BWU) y representante del Grupo de los Trabajadores ante el Consejo de Administración, fue reelegido como Vicepresidente Trabajador. Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Comisión de Política Social del Sindicato Industrial de Argentina y Presidente del Grupo de Empleadores de la Organización de Estados Americanos de 1995 a 1998, fue reelegido como Vicepresidente Empleador.
Los tres servirán como Miembros del Consejo de Administración durante el período de sesiones 2008-09.
La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT también eligió a los nuevos miembros del Consejo de Administración el 2 de junio, durante su 97ª reunión anual, que concluyó hoy.
Libertad sindical
El Consejo de Administración aprobó el informe núm. 350 del Comité sobre Libertad Sindical de la OIT. En la reunión, el Comité examinó 40 casos. En la actualidad existe un total de 128 casos ante el Comité.
El Comité prestó especial atención a los casos de Guatemala, República de Corea, Indonesia, República Islámica de Irán y República Bolivariana de Venezuela.
En el caso de Guatemala, el Comité deploró el asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela, Secretario General de la subseccional de la Finca Yuma del Sindicato SITRABI, ocurrido el 23 de septiembre de 2007, y espera que la investigación en curso permita procesar a los autores del homicidio. El Comité también urgió al Gobierno que otorgue la protección necesaria al hermano de la víctima, que también es Secretario General de SITRABI, y que investigue el alegato de que el 20 de julio de 2007 soldados del ejército armados ingresaron a la sede del sindicato e interrogaron a los trabajadores sobre los nombres y actividades de los líderes sindicales.
El caso de la República de Corea se refiere a los obstáculos que enfrenten los trabajadores temporeros o subcontratados en el ejercicio de su derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, que normalmente se les garantiza bajo la legislación vigente. El Comité pidió al Gobierno que establezca los mecanismos apropiados, en consulta con los interlocutores sociales que corresponda, a fin de reforzar la protección de los derechos de libertad sindical y negociación de los trabajadores temporeros, y de prevenir cualquier abuso de la subcontratación como medio de eludir en la práctica el ejercicio de estos derechos. El Comité también invitó al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT en este respecto.
En lo concerniente a las acusaciones específicas relacionadas al sector metalúrgico, el Comité condenó el clima generalizado de violencia, sanciones penales y altas multas pecuniarias, e instó al Gobierno a que, en el futuro, promueva el diálogo social y la negociación colectiva como forma de restaurar un clima pacífico de relaciones industriales.
En el caso de Indonesia, el Comité lamentó profundamente los alegatos sobre la extensa participación del ejército en una disputa industrial en la empresa PT Cigading Habeam Centre Company, que llevó al despido de todos sus 481 trabajadores y a la reapertura de la empresa al día siguiente junto a una cooperativa que es propiedad del ejército. El Comité pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reintegrar a los trabajadores despedidos y que investigue y castigue los supuestos actos de intimidación y violencia del ejército hacia los trabajadores despedidos.
El Comité también trató tres casos referidos a la República Islámica de Irán – dos que provenían de sindicatos y uno concerniente a interferencias en una organización de empleadores. El Comité expresó su profunda preocupación con la seriedad de la situación en el país, y pidió al Gobierno que acepte una misión de contactos directos respecto de las cuestiones planteadas en todos los casos concernientes a la República Islámica de Irán.
En lo referente al caso específico del prolongado arresto de Mansour Osanloo, presidente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Empresa de Autobuses Unidos de Teherán y Suburbios, el Comité instó al Gobierno a que lo libere de manera inmediata y abandone los cargos pendientes, y también se mostró particularmente preocupado por su estado de salud y por que reciba el tratamiento médico necesario.
En el caso referente a los alegatos sobre la amplia interferencia del Gobierno en las actividades de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Irán (ICEA), el Comité instó al Gobierno a que vuelva a registrar inmediatamente a la ICEA y adopte una posición de no injerencia y neutralidad en cuanto a la libertad de asociación que deben tener los empleadores respecto a la ICEA. También lo instó a que se abstenga de toda preferencia o favoritismo a otras organizaciones.
De manera general, la Comisión señaló que la raíz de muchas de las dificultades en estos casos yace en la ausencia de un marco legislativo que permita el pluralismo sindical. El Comité, si bien tomó nota de las declaraciones del Gobierno acerca de sus esfuerzos por enmendar la legislación laboral, lo instó a desplegar todos sus esfuerzos para permitir el pluralismo sindical en el país. También le recordó al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT en este respecto.
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité expresó su profunda preocupación sobre la gravedad de los alegatos de la Organización de Empleadores Internacionales (OIE), que demostró la existencia de un clima de violencia e intimidación contra los dirigentes y miembros de las organizaciones de empleadores. El Comité pidió al Gobierno que asegure de manera efectiva la seguridad de la sede de FEDECAMARAS y de sus dirigentes, y que garantice la libertad de expresión en general así como la de las organizaciones de empleadores. El Comité instó al Gobierno a que intensifique las investigaciones sobre el atentado en la sede de FEDECAMARAS, y a que garantice que las autoridades competentes procesen y sanciones a los autores.
El Comité instó al Gobierno a que ponga en marcha en el país una comisión nacional mixta de alto nivel que examine todos y cada uno de los alegatos y cuestiones, de manera que mediante el diálogo directo se puedan resolver los problemas. El Comité invitó al Gobierno a que solicite asistencia técnica de la OIT con la idea de que se constituya una mesa de diálogo social, que tenga composición tripartita y respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
El Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organización), se reúne tres veces al año, en marzo, junio y noviembre. Este órgano toma decisiones sobre las políticas de la OIT, establece la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo, y adopta el proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización que se ha de presentar a la reunión de la Conferencia.
El Consejo de Administración está compuesto por 56 miembros titulares (28 representantes de los gobiernos, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores), y 66 miembros suplentes (28 en representación de los gobiernos, 19 de los empleadores y otros 19 de los trabajadores). Diez de los puestos titulares de los gobiernos son ocupados en forma permanente por los Estados de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia). Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la Conferencia cada tres años.
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