En América Latina y el Caribe, uno de cada cinco trabajadores vive en el campo como protagonista de un mercado laboral rural caracterizado por más empleo vulnerable, menos empleo asalariado e incidencia hacia la pobreza, la cual es el doble a la existente en áreas urbanas, ha destacado hoy la OIT.

El nuevo informe de la OIT llamado “Trabajar en el campo en el siglo XXI” en América Latina y el Caribe, presentado en la capital de Colombia, ofrece por primera vez un panorama laboral actualizado sobre la realidad y las perspectivas del empleo rural en esta región.

“El campo hoy en día no es lo que era 20 o 30 años atrás. Vemos grandes transformaciones: urbanización acelerada, menos jóvenes y más adultos mayores, una reducción del empleo agrícola y un aumento de las ocupaciones no agrícolas”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar.

El informe destaca que si bien ha habido un aumento de la productividad en el campo, aún persisten grandes diferencias entre la situación del empleo rural y el urbano. Una de las ellas, es que hay mucho más empleo vulnerable en las áreas rurales: un 56% comparado con un 27% en las áreas urbanas.

“Hay 52 millones de trabajadores rurales, de los cuales al menos 27 millones, están en situación de empleo vulnerable”, agregó el Director Regional de OIT en Bogotá.

“A pesar de los avances, persisten grandes brechas. El sector rural concentra el núcleo duro de la pobreza, la exclusión y la informalidad en la región”, agregó Salazar, y para evitar mayores rezagos “las políticas públicas deben redoblar esfuerzos para la inclusión productiva y laboral de quienes trabajan o tienen emprendimientos en el campo”.

El informe señala que el desempleo en el campo es bajo, pues la tasa promedio regional de desocupación es de un 3,1% y es menor a la urbana de 6,9%. Sin embargo, parte de dicha situación está explicada por la necesidad de trabajar (debido a las altas tasas de pobreza) y el menor acceso a la educación.

“Dado que en la región la mayor parte de los ingresos laborales provienen del trabajo, es evidente que en gran medida el desarrollo y el bienestar de las áreas rurales dependen de lo que ocurra en los mercados laborales, de los ingresos y las condiciones del empleo”, agregó Salazar.

Destacó que las zonas rurales reciben una menor proporción de inversiones públicas y privadas, y ese es uno de los motivos por los cuales “existen numerosas brechas de infraestructura productiva y social entre zonas rurales y zonas urbanas, lo cual a su vez se traduce en importantes brechas de productividad”.

Mejoras en las condiciones laborales de las áreas rurales entre 2005 y 2014

El informe de la OIT documenta una serie de mejoras en las condiciones de trabajo de las zonas rurales entre el 2005 y el 2014.

Por ejemplo, en el caso de la seguridad social hubo un incremento en la cobertura de los seguros de salud, pero todavía sólo un 37% de la población tiene seguro en comparación con el 62% de la zona urbana; además, se percibe un incremento en la cobertura de los sistemas de pensiones, pero todavía sólo un 26% está cubierto en comparación con 56% en las zonas urbanas.

En cuanto a ingresos laborales, el reporte señala que a pesar de haber crecido más rápido que en las áreas urbanas, en 2014 los ingresos promedio en zonas rurales eran equivalentes a un 68% de los ingresos laborales promedio en zonas urbanas.

Junto a ello, la tasa de pobreza rural de un 46,2% afecta a 60 millones de personas, la cual es bastante superior a la tasa de pobreza urbana calculada en un 23,8%.

Recomendaciones políticas

La OIT presenta en este documento una serie de recomendaciones políticas. En primer lugar, políticas de desarrollo productivo y de inversión en educación y formación profesional. Aquí destacan el mejoramiento de la tenencia de la tierra, la inversión en infraestructura física, la diversificación y el desarrollo productivo con enfoque territorial y acciones para conectar a pequeños productores rurales con cadenas mundiales de suministro.

La formación para el trabajo rural, incluyendo acreditación de habilidades, certificación de competencias, y formación de emprendedores es otra de las recomendaciones.

Un segundo grupo de políticas son de orden laboral y de protección social: el aumento de la cobertura de la seguridad social, el cumplimiento del salario mínimo, la formalización de los contratos de trabajo por escrito, el fortalecimiento de la inspección laboral y la promoción de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

En el caso de las políticas públicas de empleo, el llamado de la OIT es a reducir el sesgo urbano.

El estudio, que incluye datos por país, fue posible por un procesamiento especial de la información estadística disponible en las encuestas de hogares de 14 países, desagregada por área geográfica.