Opinión por Martin Oelz, Especialista jurídico de la OIT.

Se inaugura la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Será la primera vez que se reunirán en la misma sede diversos Jefes de Estado y de Gobierno con representantes de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Este encuentro histórico es fruto de otras medidas importantes que durante las últimas tres décadas han avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y promovido su participación a nivel internacional. Estas medidas incluyen la adopción del Convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

En Nueva York, los líderes del mundo no sólo reafirmarán su compromiso hacia los derechos de los pueblos indígenas, además formularán medidas concretas a escala nacional en colaboración con los pueblos indígenas para hacer efectivos sus derechos. También se espera que la Conferencia ponga en marcha un proceso de fortalecimiento del trabajo a nivel nacional del sistema de las Naciones Unidas a favor de los pueblos indígenas.

El borrador del documento final, que deberá ser aprobado por la Conferencia Mundial, tiene una importancia particular para la OIT, en cuanto institución responsable del Convenio núm. 169, un instrumento internacional jurídicamente vinculante específicamente dedicado a los pueblos indígenas. Desde su adopción hace 25 años, el Convenio núm. 169 ha impulsado el proceso de transformación de gran alcance hacia una mayor democracia, respeto de los derechos humanos, sociedades inclusivas y la paz en numerosos países, sobre todo en América Latina y el Caribe.

La Declaración de las Naciones Unidas de 2007 ha amplificado el movimiento y el compromiso mundial hacia los derechos de los pueblos indígenas. Pero aún queda mucho por hacer para promover la ratificación del Convenio núm. 169 en Europa, África y Asia-Pacífico. Entre las 22 ratificaciones registradas en la OIT hasta el momento, sólo siete son de países en esas regiones.

Durante las consultas preparatorias para el documento final la Conferencia Mundial, hubo consenso en que los Jefes de Estado deberían fomentar la ratificación del Convenio. Una iniciativa de este tipo podría ser catalizadora. Los responsables de las políticas y los pueblos indígenas en países como Bangladesh, Finlandia, El Salvador, Indonesia, Panamá, Filipinas y Suecia han estado discutiendo o están trabajando activamente para la ratificación. El Gobierno de la República del Congo adoptó recientemente un plan de acción nacional (2014-15) que incluye la ratificación del Convenio núm. 169 como un elemento fundamental para mejorar las condiciones de los grupos indígenas afectados por la exclusión y la pobreza (link to Morse’s blog).

El Convenio regula la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en relación a las medidas legislativas y administrativas que pueden afectarlos, incluyendo la aprobación para la exploración y explotación de los recursos naturales que pertenecen a las tierras que ellos tradicionalmente ocupan o usan. El Convenio también insta a establecer mecanismos para su participación en los procesos de toma de decisiones.

En la mayoría de los países, para aplicar estas disposiciones es necesario un proceso constante y a largo plazo que requiere de un apoyo continuo, intercambio de experiencias e incentivos. Pero son inversiones esenciales para la construcción de relaciones fructíferas entre los pueblos indígenas y los gobiernos, así como para el desarrollo sostenible y la plena realización de los derechos de los pueblos indígenas y de sus legítimas aspiraciones.

Desde la perspectiva de la OIT, es importante apoyar las actividades económicas de los pueblos indígenas y su empoderamiento político. Es esencial reconocer y proteger su derecho sobre la tierra a fin de resguardar sus medios de subsistencia y las economías basadas en la comunidad.

Como señaló la OIT durante la fase preparatoria de la Conferencia Mundial, las ocupaciones, las competencias y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son recursos que pueden servir de base para el autoempleo, la creación de empresas y cooperativas. Los proyectos de infraestructura local concebidos y puestos en práctica con la plena participación de las comunidades indígenas pueden implicar la creación de pequeñas empresas y de oportunidades de trabajo dentro de la comunidad.

Pero también aquí existen obstáculos. La falta de acceso a la tierra y a otros recursos y a los servicios sociales básicos con frecuencia significa que los indígenas, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, no tienen otra posibilidad que emigrar, tanto dentro del país como a escala internacional. Las mujeres indígenas que migran para emplearse como trabajadoras domésticas son un ejemplo claro.

Otro problema grave lo constituye la falta de acceso a una educación y formación profesional desarrollada e implementada en cooperación con los pueblos indígenas conforme a sus culturas y necesidades. Este problema, que afecta sobre todo a las niñas, coloca a los jóvenes indígenas en una posición de gran desventaja en el mercado laboral. Independientemente de si trabajan en una zona urbana o rural, las mujeres y los hombres indígenas suelen encontrar empleos ocasionales o informales donde están expuestos a la discriminación y otras violaciones de los derechos. Como resultado, también se encuentran excluidos de cualquier forma de protección social.

La semana próxima en Nueva York, la OIT participará a la Conferencia Mundial para compartir las experiencias de su trabajo con los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, los pueblos indígenas y el sistema de las Naciones Unidas, para apoyar la ratificación y la implementación del Convenio núm. 169 y promover la justicia social y el trabajo decente para todos.