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“La legislación laboral vigente está en conformidad con las normas de la OIT y es más que suficiente para responder a las demandas actuales. Sin embargo, es necesario continuar con el diálogo social a los niveles más altos para hacer frente a la pobreza y a los altos niveles de pobreza. Esto, en cambio, debe penetrar en los diversos sectores y en las comunidades en general ya que las reivindicaciones son diversas y no se limitan al mundo del trabajo.”
Van Vuuren también invitó a analizar las instituciones del mercado laboral y urgió al Gobierno a no responder de manera desproporcionada a las protestas.
“Es importante que el Gobierno garantice la seguridad y el bienestar de las personas y de la propiedad sin recurrir a medidas excesivas que pueden exacerbar una situación que ya es volátil.”
El 16 de agosto, 34 mineros en huelga fueron asesinados por la policía, el peor suceso de este tipo desde el fin del apartheid en 1994. En total, murieron más de 40 personas durante las semanas de disturbios en las minas de platino de Marikana, propiedad de Lonmin.
Desde entonces, una oleada de huelgas ha afectado la industria minera de Sudáfrica, la semana pasada decenas de miles de trabajadores se declararon en huelga en AngloGold Ashanti, el tercer productor de oro más grande del mundo. La propagación de la tensión ha suscitado preocupaciones sobre una posible desintegración del sistema de negociación colectiva que ha estado en vigor a lo largo de los últimos 18 años.
Van Vuuren explicó que el sistema actual fue desarrollado con la llegada de la democracia en 1994 y comprende el establecimiento de un organismo tripartito: el Consejo nacional de la economía, el desarrollo y el trabajo, que reúne las organizaciones de trabajadores, de empresas y de organizaciones comunitarias a través del diálogo social.
“Sin embargo, el mecanismo de negociación colectiva y los interlocutores sociales no se han mantenido al día con los desafíos actuales que enfrenta el país en materia de déficit social. Esta situación ha desembocado en numerosas acciones de protesta ilegales y huelgas desvirtuadas por la violencia, las cuales a su vez, han provocado la pérdida de vidas, lesiones corporales y daños a la propiedad.”
La comisión de investigación judicial sobre las muertes examinará los papeles desempeñados por la policía, la dirección de la mina de Marikana, Lonmin, los sindicatos y el Gobierno.







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