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Concluyó la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo

La reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) terminó con la adopción de un Pacto Mundial para el Empleo por parte de delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores, quienes además abordaron temas como el del VIH/SIDA en el trabajo, la igualdad de género y la aplicación de las normas laborales.

Comunicado de prensa | 19 de junio de 2009

GINEBRA (Noticias de la OIT) –La reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) terminó hoy en esta ciudad con la adopción de un Pacto Mundial para el Empleo por parte de delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores, quienes además abordaron temas como el del VIH/SIDA en el trabajo, la igualdad de género y la aplicación de las normas laborales.

La 98ª Conferencia Internacional del Trabajo también adoptó el programa y presupuesto para el bienio 2010-2011 por 726,7 millones de dólares, lo cual mantiene el mismo nivel de recursos del bienio 2008-2009. Más de 4.000 representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 183 estados miembros de la OIT participaron en la Conferencia.

En esta Conferencia también se realizó la primera discusión internacional de una nueva norma laboral internacional sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones de esta epidemia y la forma en que la crisis impacta los presupuestos de salud, asistencia al desarrollo y programas de tratamiento. La nueva Recomendación contendrá sugerencias sobre programas de prevención y medidas para enfrentar la discriminación en los países y en los lugares de trabajo, así como medidas para fortalecer la contribución del mundo laboral al acceso universal al tratamiento, prevención, atención y apoyo en casos de VIH/SIDA. La segunda discusión de la propuesta de Recomendación será realizada en junio de 2010.

La Conferencia también realizó una discusión sobre la igualdad de género en el mundo del trabajo, haciendo notar que a pesar de los grandes progresos alcanzados desde la última discusión sobre este tema en 1985, aún deben enfrentarse grandes desafíos. Los delegados dijeron que si bien la crisis económica amenaza algunos avances en el empoderamiento de las mujeres, al mismo tiempo ofrece oportunidades para poner en práctica nuevas políticas a favor de la igualdad de género. En el futuro la OIT, y las respuestas a la crisis del empleo, deberían apoyar a los mandantes en la generación de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en asuntos como el acceso a la educación y la capacitación, en lograr una mejor distribución de las responsabilidades familiares las remuneraciones en el trabajo, la generación de empleo formal, y el desarrollo de las empresas y en el ejercicio de los derechos laborales.

En las sesiones plenarias de la Conferencia los delegados también abordaron el último informe de la OIT sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados, en el cual se advierte sobre “una situación muy difícil desde el punto de vista humano, económico y social, ensombrecida por el estancamiento de las negociaciones de paz”.

El 9 de junio, la Conferencia discutió cobre el Informe Global de la OIT de este año sobre trabajo forzoso. El informe titulado “El costo de la coacción”, estima que el costo de oportunidad generado por la coacción de trabajadores afectados por las prácticas de trabajo forzoso, en términos de pérdida de ingresos, asciende a 20.000 millones de dólares.

Normas internacionales del trabajo

La Comisión sobre la aplicación de normas examinó 25 casos que cubren una amplia gama de temas abordados por una Comisión de expertos de la OIT sobre la aplicación de convenios y recomendaciones, y que fueron detallados en un informe presentado a la Conferencia. (/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/98thSession/comm_reports/lang--es/index.htm)

Una vez más la Comisión realizó una Sesión especial sobre Myanmar y el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), tras la adopción de medidas en el contexto del artículo 33 de la Constitución de la OIT.

La Comisión reconoció que desde su última reunión, el Gobierno de Myanmar ha tomado algunas medidas limitadas, incluyendo la extensión de un mecanismo de tramitación de quejas sobre trabajo forzoso, aunque al mismo tiempo consideró que estas medidas son totalmente inadecuadas. La Comisión puso énfasis una vez más en la necesidad de que el Gobierno de Myanmar actúe diligentemente, con miras a la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y los comentarios y observaciones de la Comisión de Expertos. En forma más precisa, se le pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los textos legislativos y la nueva Constitución se pongan en conformidad con el Convenio núm. 29; asegure la total eliminación de las prácticas de trabajo forzoso que siguen siendo persistentes y generalizadas; asegure que se procese y sancione a los responsables de la imposición del trabajo forzoso, ya sean civiles o militares, en virtud del Código Penal; elabore una declaración solemne al más alto nivel en la que se confirme claramente al pueblo de Myanmar la política adoptada por el Gobierno para la eliminación del trabajo forzoso y su intención de procesar a los responsables; apruebe un folleto redactado en lenguaje sencillo en idiomas accesibles sobre el funcionamiento del Protocolo de Entendimiento complementario; y acabe con los problemas constantes relacionados con la capacidad física de las víctimas de trabajo forzoso y de sus familias de presentar quejas.

La Comisión tomó nota con gran preocupación de las constantes violaciones de los derechos humanos en Myanmar, incluida la detención de Aung San Suu Kyi. La Comisión pidió su liberación y la de otros prisioneros políticos, así como la liberación de activistas sindicales. Asimismo, hizo un llamamiento para que se libere inmediatamente a aquellas personas asociadas con la aplicación del mecanismo de tramitación de quejas y que están actualmente encarceladas.

Myanmar también fue mencionado en la lista de países con deficiencias en la implementación del Convenio sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión destacó que la persistencia del trabajo forzoso no puede ser considerada separadamente del hecho que prevalece una situación de completa ausencia de libertad sindical y una persecución sistemática de quienes tratan de organizarse.

La Comisión también destacó ante la Conferencia otros dos casos especiales. En el caso de Irán por la aplicación del Convenio sobre Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), la Comisión expresó su preocupación por la falta de evidencias de que haya verdaderos avances con respecto a la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, y expreso su preocupación por la situación de minorías étnicas y religiosas en lo que se refiere a su igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la ocupación.

En el caso de Swazilandia, la Comisión pidió al Gobierno que garantice la liberación de todas aquellas personas detenidas por haber ejercido sus libertades civiles, y lamentó que, pese a la asistencia técnica prestada por la OIT desde hace algún tiempo, las enmiendas requeridas para que la legislación nacional este en conformidad con el Convenio sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) aún no han sido adoptadas.

El Estudio General discutido por la Comisión este año fue sobre el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), la Recomendación sobre Seguridad y salud ocupacional, 1981 (núm. 164) y el Protocolo de 2002 al Convenio sobre seguridad y salud, 1981. Tras la discusión la Comisión adoptó conclusiones, incluyendo los componentes de un Plan de Acción para promover estos instrumentos.

El papel de la Conferencia Internacional del Trabajo es adoptar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, establecer el presupuesto de la Organización y elegir a los miembros del Consejo de Administración. Desde 1919, la Conferencia ha sido un importante foro internacional para el debate sobre temas sociales y laborales de relevancia mundial. Cada país miembro tiene el derecho de enviar cuatro delegados a la Conferencia: dos del gobierno y los otros dos en representación de trabajadores y empleadores respectivamente. Cada uno de ellos puede expresarse y votar de manera independiente.