GINEBRA (Noticias OIT) – En medio de la creciente preocupación sobre el impacto de la turbulencia económica sobre trabajadores, empleadores y gobiernos, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) dio hoy los primeros pasos hacia el lanzamiento de un diálogo social sobre empleo y políticas sociales a nivel global, con el objetivo de superar los desafíos de la creciente crisis financiera internacional.
La decisión llega en medio del fuerte apoyo que la estructura tripartita de la OIT y su Agenda de Trabajo Decente recibieron por parte jefes de estado y organizaciones internacionales, incluyendo el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, su par de Francia, Nicolas Sarkozy, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Angel Gurría.
“La conclusión central es que la Agenda de Trabajo Decente es un instrumento apropiado para enfrentar la crisis”, dijo el Director General de la OIT, Juan Somavia. “Existe un fuerte mensaje de que el diálogo tripartito con las organizaciones de trabajadores y empleadores debe jugar un papel central en el abordaje de la crisis económica y en el desarrollo de políticas”.
La reunión del Consejo de Administración tuvo lugar en momentos en que aparecen nuevos informes mostrando el impacto negativo de la crisis financiera sobre la economía global, así como datos preliminares indicando una caída en el crecimiento económico para lo que resta del año y más aún para el año entrante. Los datos de la OIT señalan que el desempleo a nivel mundial podría incrementarse en 20 millones de personas hacia finales de 2009, y que el número de trabajadores pobres que viven con menos de dos dólares estadounidenses al día también podría aumentar.
“Se requiere una acción urgente al respecto”, dijeron el Presidente y los Vicepresidentes de los Trabajadores y Empleadores del Consejo de Administración en una declaración especial sobre la crisis financiera y económica. “Necesitamos medidas globales y coordinadas para reducir al mínimo la duración y la magnitud de la recesión de la economía mundial, así como para luchar contra las posibles consecuencias adversas en el ámbito social y acelerar la recuperación”.
La declaración identifica una serie de medidas que serían necesarias para “abordar el impacto de la crisis en la economía real y proteger a las personas, apoyar a las empresas productivas y preservar los empleos”. Las medidas incluyen:
- Garantizar el flujo de crédito al consumo, el comercio y la inversión.
- Proteger a las personas más expuestas, por ejemplo, a través de la extensión de la protección social y las prestaciones de desempleo, la facilitación de oportunidades adicionales de formación y readaptación profesional, y mediante el reforzamiento de servicios de colocación.
- Apoyar a las empresas productivas, rentables y sostenibles, junto con una economía social sólida y un sector público viable, a fin de potenciar al máximo el empleo y el trabajo decente.
- Asegurar que el progreso social no se vea menoscabado por la crisis actual.
- Desarrollar una cooperación más estrecha entre la OIT y sus mandantes tripartitos con el sistema multilateral para apoyar a los países en la implementación de medidas que afronten la crisis.
- Mantener la ayuda al desarrollo como mínimo en los niveles actuales y proporcionar líneas de crédito y apoyo adicionales para permitir que los países de bajos ingresos puedan amortiguar la crisis.
“Ahora contamos con una orientación más clara sobre cómo avanzar hacia el futuro”, dijo Somavia, quien el martes fue reelegido para un tercer mandato de cinco años al frente de la OIT. “Podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, ampliando el trabajo de la OIT para enfrentar las consecuencias laborales y sociales de la crisis, apoyando a los mandantes de la OIT en la formulación de respuestas, y trabajando con el sistema multilateral, incluyendo el G-20 y las instituciones financieras internacionales”.
El Consejo de Administración recibió un apoyo sin precedentes durante toda la semana. El lunes, Angel Gurría hizo un llamamiento de carácter urgente para una creciente cooperación entre la OCDE y la OIT en torno al trabajo y las políticas sociales, y dijo que “el éxito o fracaso en esta cuestión no sólo afectará la vida de millones de personas, sino que además determinará qué tipo de arquitectura financiera y económica querrán estos ciudadanos una vez que la crisis termine”.
El martes, el Presidente Rodríguez Zapatero se refirió al diálogo social como “el modelo para el proceso de reforma del mundo que arrancó el fin de semana durante la reunión del G-20 en Washington”, y reiteró su compromiso a seguir trabajando con la OIT para que la Organización refuerce su capacidad de influir en la gobernanza global.
El miércoles, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que la crisis financiera se había convertido también en una “crisis de empleo”, y agregó: “Debemos ir más allá de solucionar el actual desorden financiero. Debemos mejorar la gobernanza para que la globalización produzca resultados justos y promueva la justicia social. Y debemos asegurarnos de que sea sustentable desde el punto de vista medioambiental, económico, social y político”.
En una carta dirigida al Consejo de Administración de la OIT el jueves, el Presidente Sarkozy instó a la OIT a que haga escuchar su voz y promueva el Trabajo Decente en las negociaciones destinadas a establecer un nuevo orden global y en las normas que serán adoptadas como respuesta a la crisis. “El Trabajo Decente tiene que estar en el seno de nuestras reflexiones y de cualquier decisión que adoptemos en el los meses venideros”, señaló.
El representante de los empleadores, Daniel Funes de Rioja, llamo a la OIT a actuar como la “Cruz Roja” del sistema internacional, “ayudando a restaurar el empleo y utilizando su vasta experiencia en materia de protección social para brindar mayor formación a los trabajadores, de manera tal que cada uno de nuestros países pueda encontrar los nuevos nichos productivos que nos permitan salir más rápido de la crisis”.
Por su parte, Sir Roy Trotman, Vicepresidente de los Trabajadores, “llamó a una profundización del trabajo de la OIT en sus diferentes aspectos y en sus respuestas a las consecuencias laborales y sociales de la crisis”, y pidió también una “coordinación con los sistemas multilaterales, incluyendo el G-20 y las instituciones financieras internacionales”.
En lo referido a otros temas, el Consejo de Administración aprobó los Informes No 351 y 352 del Comité de Libertad Sindical y prestó especial atención a los casos de Camboya, Chad, Djibouti, Guatemala, la República Islámica de Irán, Myanmar y Filipinas. (cf GB.303/9/1 – GB.303/9/2).
Con respecto a la queja recibida bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el gobierno de Zimbabwe por incumplimiento de las Convenciones No 87 y 98, sobre la libertad sindical y el derecho a sindicación y negociación colectiva, el Consejo de Administración decidió instituir un procedimiento conforme al artículo 26, párrafo 4, de la Constitución y designó una Comisión de Encuesta para considerar las acusaciones de violación de los derechos sindicales referidas en el Informe de la Mesa del Consejo de Administración (cf GB.303/20/1). La Comisión estará compuesta por el Juez Raymond Ranjeva, Presidente, el Profesor Evance Rabban Kalula y el Doctor Bertrand Ramcharan.
El Consejo de Administración también discutió informes presentados por la Mesa referidos a la aplicación por parte de Myanmar del Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930. El Consejo de Administración hizo hincapié, una vez más, en la necesidad urgente de dar pleno efecto a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. También volvió a expresar su preocupación porque no se ha realizado ninguna declaración oficial al más alto nivel de que el trabajo forzoso, incluido el reclutamiento de menores, está prohibido. El Consejo de Administración observó además que es necesario negociar el establecimiento de un marco en el que se pueda garantizar la realización en el futuro de los objetivos enunciados en el Protocolo de Entendimiento complementario antes de su próxima reunión y pidió a la Oficina y al Gobierno que adopten las medidas necesarias para lograr este fin.
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