GINEBRA (Noticias de la OIT) - El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) inició hoy su 280ª sesión, en la que estudiará un Programa y Presupuesto innovador y de crecimiento cero real para los años 2002-2003, concebido para acrecentar la capacidad de la Organización para crear empleos, promover los derechos fundamentales en el trabajo y fomentar la protección social y el diálogo social.
Además, la agenda del Consejo de Administración incluye el examen de los informes anuales elaborados como seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de 1998, así como el estudio de cuestiones tales como el trabajo forzoso en Myanmar (Birmania), los derechos de los trabajadores en Colombia y el impacto de la mundialización, el VIH/SIDA y la pobreza.
Está previsto que la presente sesión del Consejo de Administración se prolongue hasta el 30 de marzo.
Programa y Presupuesto
El Consejo de Administración estudiará una propuesta de Programa y Presupuesto de crecimiento cero real, cifrado en 474.529.465 dólares para el bienio 2002-2003, del que el Director General de la OIT, Juan Somavia, ha dicho que está «pensado para alcanzar tres objetivos: un mejor funcionamiento de la rendición de cuentas, mayor transparencia y mayor coherencia», la vez que aborda los problemas de la mundialización, el desempleo, el desarrollo y la pobreza.
«Nuestro mandato, los asuntos que nos ocupan y las cuestiones por que se preocupa la OIT están en el centro de la política y en el corazón de la vida familiar», afirmó Somavia en su declaración introductoria. «Estamos conectados con la realidad de la vida de las personas como pocas otras organizaciones internacionales lo están. Pero lo que está claro es que existe una extraordinaria desproporción entre la amplitud de nuestro mandato y las limitaciones de nuestros recursos. Ésta es una de las principales razones por lo que necesitamos actuar con estrategia.»
El plan de gastos continúa las reformas introducidas en el Presupuesto de 2000-2001 por Somavia cuando fue nombrado Director General de la OIT en 1999, las cuales pusieron en marcha una serie de innovaciones en los objetivos operativos de la OIT y en los indicadores y metas destinados a medir la eficacia de la Organización, a la vez que sumaron nuevos objetivos tan importantes como el del Trabajo Decente, el desarrollo y la reducción de la pobreza.
El nuevo Presupuesto contiene también propuestas que son nuevas o que amplían tareas ya existentes de la máxima prioridad, incluidas la de crear «Equipos de Trabajo Decente» que se responsabilizarán de mejorar la colaboración en el cumplimiento de la agenda del Trabajo Decente de la OIT, tanto en la sede central como en los niveles regionales; la de aumentar el número de especialistas de la OIT, en los ámbitos regionales, comprometidos en la campaña mundial contra el trabajo infantil y en especial contra sus peores formas; la puesta en marcha de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo * de 1998, junto con provisiones para ampliar los esfuerzos de la OIT en la lucha contra el VIH/SIDA.
Está previsto que los debates concluyen con una propuesta de resolución de adopción del Programa y Presupuesto, para ser sometida a la Conferencia Internacional del Trabajo anual que se reunirá en el mes de junio.
Seguimiento de la Declaración de la OIT
El Consejo de Administración revisará también los informes anuales solicitados en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo, a partir de una introducción preparada por un grupo de Expertos-Asesores. Los citados informes proporcionan un examen anual de la situación en aquellos países que no han ratificado uno o más de los Convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad de sindicación y la negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en el empleo y la ocupación.
El Consejo de Administración considerará las recomendaciones hechas por los Expertos- Asesores, entre las que se incluyen:
- Iniciar un diálogo con los 18 gobiernos que aún no han presentado los informes debidos en virtud del seguimiento de la Declaración (Afganistán, Antigua y Barbuda, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Guinea Ecuatorial, Fiji, Kazajstán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón, Sierra Leona, Swazilandia Uzbekistán, la antigua República Yugoslava de Macedonia);
- Solicitar más información de los gobiernos de Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar en relación con los esfuerzos hechos para promover el principio de liberad de sindicación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; y
- Solicitar más información del gobierno de China en relación con los esfuerzos hechos para promover el principio de eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Los Expertos-Asesores mencionan Nepal como ejemplo de un país en el que se han dado significativos progresos para eliminar el trabajo obligatorio. Expresan también preocupación por la continuidad del trabajo forzoso en distintos países del mundo, incluida la contratación a empresas privadas del trabajo de personas en prisión. En el capítulo positivo, los Expertos-Asesores observan que los países están reconociendo cada día más los problemas del trabajo infantil. Sin embargo, en su opinión, los gobiernos, las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores han proporcionado escasa información sobre la discriminación racial en el mundo.
Myanmar, Colombia, Territorios Ocupados
El Consejo de Administración recibirá también un informe sobre las acciones adoptadas por los gobiernos nacionales, las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, y las organizaciones internacionales para revisar sus relaciones con Myanmar (Birmania) y tomar las medidas adecuadas para garantizar que tales relaciones no perpetúen o extiendan el sistema de trabajo forzoso en ese país.
Dicho informe se presenta de acuerdo con las medidas adoptadas en la última reunión del Consejo de Administración en noviembre de 2000, que pretendían conseguir que el gobierno de Myanmar cumpliera sus obligaciones para eliminar el trabajo forzoso en el país. En aquella reunión, el Consejo de Administración abrió de hecho el camino para la plena puesta en práctica de una resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, adoptada en junio de 2000, destinada a obligar al gobierno de Myanmar a respetar el Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso. Birmania ratificó el Convenio en 1955.
Aquella resolución sin precedentes, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución de la OIT, jamás invocado con anterioridad, permitió que tomaran efecto el 30 de noviembre de 2000 una serie de medidas e instó a Myanmar a «adoptar acciones concretas» para cumplir las recomendaciones de una Comisión de Encuesta enviada en 1998, que determinó que el recurso al trabajo forzoso en el país era «generalizado y sistemático».
Se espera también que el Consejo de Administración conozca el segundo informe presentado por Rafael F. Alburquerque, Representante Especial del Director General, relativo a la generalización de la violencia contra los sindicalistas en Colombia y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para protegerlos.
El Consejo de Administración considerará asimismo una propuesta para que el informe anual del Director General sobre la situación de los trabajadores de los Territorios Ocupados sea tratado en una sesión especial de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2001. Durante algunos años se había dedicado una sesión especial a este problema, pero en los últimos se había suspendido esta forma concreta de abordarlo.
Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Globalización
El Grupo de Trabajo de la OIT sobre las Dimensiones Sociales de la Globalización está considerado por muchos como un foro excepcionalmente útil para la discusión de políticas de capital importancia, ofreciendo, como ofrece, una oportunidad para que las organizaciones internacionales interesadas, así como los representantes de los sindicatos, las organizaciones de los empleadores y los gobiernos aborden las apremiantes cuestiones sociales que conlleva la mundialización.
La reunión del Grupo de Trabajo emprenderá una revisión de las estrategias de la OIT para reducir la pobreza y conseguir un trabajo decente en la economía mundial. Estimaciones aproximadas sugieren que de los casi 3.000 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios, principalmente en el mundo en desarrollo, 1.000 millones - esto es, una tercera parte de la mano de obra mundial - tienen trabajo, pero no pueden procurarse una subsistencia adecuada para ellos y para sus familias. El informe de la OIT sugiere que la organización debería dar prioridad a este grupo introduciendo un elemento de trabajo decente en las estrategias de reducción de la pobreza que hoy están siendo elaboradas por los países en desarrollo en colaboración con el Banco Mundial, el FMI y otros organismos.
La OIT ofrece a sus miembros constituyentes una amplia gama de servicios de asesoría destinados a ayudar a los trabajadores pobres para que logren salir de la pobreza. El informe sugiera que estos servicios podrían conjuntarse con sus actividades de investigación y de promoción de la legislación laboral en un paquete más coherente, como un elemento de trabajo decente que responda al objetivo del desarrollo internacional de conseguir reducir la pobreza. La OIT se propone trabajar con el Banco Mundial y otros organismos en programas-piloto en Honduras, Malí, Tanzanía, Nepal y Camboya, como parte de las estrategias de estos países para reducir la pobreza. Un programa-piloto paralelo de la OIT en las Filipinas, Bangladesh y Panamá tratará de hacer operativo el trabajo decente a través de una integración del empleo, la protección social, el diálogo social y la estrategia de promoción de la legislación laboral como parte de los planes nacionales de desarrollo.
El Grupo de Trabajo de la OIT ha iniciado una estrategia de investigación destinada a conocer mejor el impacto que tienen los procesos de integración internacional sobre la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Entre los componentes importantes de este programa de estudio se incluyen un examen de las mejores prácticas en el desarrollo de las instituciones del mercado de trabajo, cómo promover la libertad de asociación en el sector no estructurado y cómo poner al día la disponibilidad de los datos internacionales sobre organización, negociación y diálogo. El Grupo de Trabajo registrará los progresos derivados de tales planes para este programa de tres años de duración.
Otros asuntos
El Comité sobre Empleo y Política Social del Consejo de Administración discutirá el impacto de la rápida propagación de la epidemia del VIH/SIDA sobre la fuerza del trabajo, y nombrará formalmente un grupo de expertos para revisar, mejorar y adoptar un nuevo Código de Prácticas de la OIT en esta materia. El nuevo Código que se está bosquejando busca proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres infectados por el VIH en el mundo del trabajo, promover la prevención del VIH/SIDA en ellos y proteger sus derechos básicos en el ámbito laboral.
El Subcomité sobre Empresas Multinacionales examinará los resultados del 7º estudio sobre la repercusión de la Declaración de Principios Tripartita de la OIT concerniente a las Empresas Multinacionales y la Política Social. Este estudio, basado en las respuestas de 100 países, da cuenta de un importante aumento del número de empresas multinacionales (EMN) entre 1996 y 1999, que han pasado de 45.000 a 60.000 empresas madres y de 280.000 a 700.000 filiales en el extranjero. En 1999, las EMN daban empleo directo a unos 86 millones de personas en todo el mundo.
Con el objetivo de reforzar la coherencia y la relevancia de las normas internacionales del trabajo, la OIT prosigue sus esfuerzos para mejorar sus actividades relativas a dichas normas. El Consejo de Administración se pronunciará también sobre el seguimiento de la decisión tomada el año pasado de adoptar una nueva estrategia - incluido el desarrollo de instrumentos específicos de análisis en profundidad y planes de acción - mediante la puesta a prueba de este enfoque integrado en el contexto de un debate general en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2003 en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Paralelamente, el Consejo de Administración abordará una revisión de los mecanismos supervisores de la OIT. La presente discusión inicial se centrará en hacer un inventario de los temas relevantes, y a ello seguirá, en noviembre de 2001, un examen más detallado de los mecanismos de información.
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es el secretariado de la Organización). Se reúne tres veces al año, en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, decide la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el borrador del Programa y Presupuesto de la Organización para someterlo a la Conferencia, y elige al Director General.
Está formado por 56 miembros titulares (28 de los gobiernos, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores) y de 66 miembros suplentes (28 de los gobiernos, 19 de los empleadores y 19 de los trabajadores). Diez de los puestos titulares de los gobiernos corresponden de forma permanente a Estados de especial significación industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, el Reino Unido y la Federación de Rusia). Los otros miembros gubernamentales son elegidos por la Conferencia cada tres años. Corresponden actualmente a Arabia Saudita, Argelia, Burkina Faso, Canadá, Chad, la República de Corea, Croacia, Eslovaquia, Etiopía, Ghana, Guatemala, la República Islámica de Irán, Malasia, Namibia, Perú, Suiza, Trinidad y Tabago, y Venezuela.
*La Declaración de la OIT obliga a los 176 Estados Miembros de la Organización a respetar los principios inherentes en cuatro capítulos de normas fundamentales de trabajo, y promueve su observancia universal. De acuerdo con sus términos, todos los Estados Miembros tienen la obligación de respetar los principios fundamentales implicados, hayan o no ratificado los Convenios de la OIT que se refieren a ellos.