GINEBRA (Noticias de la OIT) - El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó hoy su 292ª sesión, después que delegados tripartitas abordaran una amplia agenda de temas, incluyendo temas como el respeto a los derechos laborales en Myanmar, Nepal, Zimbabwe y otros países, o las estrategias destinadas a forjar nuevas iniciativas para promover una globalización justa.
Durante las tres semanas que duró la sesión los delegados ante el Consejo de Administración también pudieron asistir a un discurso pronunciado por Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España, quien consideró "escalofriante" la dimensión del problema del trabajo infantil y pidió combatirlo con contundencia como parte de los esfuerzos para darle una "dimensión humana" a la globalización. El Rey y la Reina Sofía visitaron la OIT para conmemorar el décimo aniversario de la cooperación española con el Programa para la eliminación del trabajo infantil de esta Organización, IPEC.
El Consejo de Administración también recomendó en forma provisional un programa y presupuesto de 568,6 millones de dólares para el bienio 2006-2007, estimados a la tasa de cambio vigente para 2004-2005 de 1,34 francos suizos por dólar. En dólares constantes la propuesta implica un crecimiento moderado de 1,1 por ciento para abordar necesidades de inversión institucional y gastos extraordinarios. La tasa de cambio definitiva y el monto en dólares del presupuesto serán decididos por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2005.
El nuevo programa y presupuesto tiene como prioridad promover el trabajo decente como un objetivo global y considera acciones para lograrlo al nivel local, nacional, regional e internacional, incluyendo los Programas Nacionales de Trabajo Decente. También pone énfasis en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: promover normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres tengan empleos e ingresos dignos, poner de relieve la importancia y la efectividad de lograr que todos tengan acceso a sistemas de protección social, y reforzar el diálogo social y el tripartismo. Además se proponen iniciativas para el trabajo decente de los jóvenes, la responsabilidad social de las empresas, las zonas francas industriales, y la economía informal.
Globalización
El Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Globalización del Consejo de Administración discutió sobre las propuestas para que la OIT de seguimiento al informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, difundido en febrero de 2004.
El presidente del Consejo de Administración, Philippe Séguin, destacó que el grupo de Trabajo había alcanzado "un consenso claro y fuerte" al considerar que la OIT puede hacer una contribución especial para el logro de una globalización justa al promover el trabajo decente como un objetivo global.
El invitado especial a la sesión del Grupo de Trabajo, el Comisionado europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, destacó el papel clave que le corresponde desempeñar a la OIT en la promoción de diálogos internacionales y la generación de iniciativas de coherencia de políticas en el sistema multilateral. También hizo notar la convergencia entre las agendas de la OIT y de la Unión Europea, que considera la promoción del trabajo decente como un objetivo global y la dimensión social de la globalización como parte integral de su estrategia, tanto al interior de ese grupo como en sus relaciones con el resto del mundo.
El Director General de la OIT, Juan Somavia, dijo ante el Grupo de Trabajo que la contribución de la OIT para lograr "una globalización inclusiva y equitativa" está basada en la agenda de trabajo decente, planteó que para poner esto en práctica será necesario cooperar con otras agencias multilaterales. En este sentido, destacó la adopción el año pasado de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el Informe de la Comisión Mundial.
"Somos más eficaces cuando actuamos en conjunto con otros que comparten nuestras opiniones", dijo Somavia. "Pero en torno a una serie de temas clave existen visiones diferentes y si queremos lograr soluciones será necesario dialogar sobre estas diferencias. La capacidad para establecer esos vínculos es una de las fortalezas de una OIT tripartita".
El Grupo de Trabajo acordó que la OIT intensifique el trabajo con otras agencias multilaterales para desarrollar políticas más coherentes, en particular con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC y otros actores, en el marco del mandato específico de cada institución. Además pidió la preparación de un documento sobre la vinculación entre crecimiento, inversión y trabajo decente para ser presentado ante el Consejo de Administración en noviembre.
Derechos laborales
Con respecto a la situación del trabajo forzoso en Myanmar, el Consejo de Administración revisó los informes preparados por el oficial de enlace en Yangón y por parte de la misión de muy alto nivel nombrada por el Director General de la OIT que visitó recientemente ese país. La Misión estuvo integrada por Sir Ninian Stephen, ex Gobernador General de Australia, Ruth Dreifuss, ex Presidenta de la Confederación Suiza, y por Eui-yong Chung, ex presidente del Consejo de Administración de la OIT y miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea.
Una declaración de consenso emitida al concluir las discusiones sobre este tema hizo notar que muchos delegados compartían una sensación de "condena por la incapacidad de las más altas autoridades de Myanmar para aprovechar la oportunidad única que ofreció la presencia de la misión de muy alto nivel en ese país para retomar un diálogo digno de crédito sobre los temas en discusión, así como también la grave preocupación por la situación general que esto revela". Al mismo tiempo la declaración añadió que si bien algunos de los últimos acontecimientos en Myanmar "nos parecen a algunos de nosotros que van en una dirección correcta, en particular el procesamiento y castigo de autoridades responsables por el uso de trabajo forzoso" por ahora "la evaluación general de la situación no responde a nuestras expectativas".
A pesar que el Gobierno de Myanmar declaró que existe voluntad política para abordar el trabajo forzoso, el Consejo de Administración expresó serias dudas sobre la credibilidad de estas afirmaciones dada la reacción de Myanmar ante la visita de la misión, así como por declaraciones emitidas por autoridades del Gobierno que fueron reproducidas por algunos medios de prensa.
El Consejo de Administración consideró que la actitud de "esperar y ver" que ha prevalecido desde 2001 no puede continuar. En forma unánime decidió transmitir sus conclusiones adoptadas por consenso a sus mandantes, es decir a gobiernos, empleadores y trabajadores, así como a agencias internacionales, para que adopten las medidas necesarias en el marco de una resolución aprobada el año 2000. (Esta resolución adoptada en el marco del Artículo 33 de la Constitución de la OIT pide a los mandantes de la OIT y a agencias internacionales revisar sus relaciones con Myanmar y adoptar las acciones que consideren necesarias). Sin embargo el Consejo de Administración insistió en que la puerta aún está abierta para que se produzca una evolución positiva de la situación tal como se ha solicitado, y que cualquier cambio en esta dirección debería ser tenido en cuenta como parte de cualquier revisión de relaciones con Myanmar. Un documento sobre la evolución de la situación será presentado ante la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio.
Con respecto a los recientes acontecimientos en Nepal, el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración emitió una declaración denunciando que "las actividades sindicales han sido severamente restringidas, y todas las reuniones sindicales tienen que ser previamente autorizadas por representantes estatales, lo cual es contrario a las normas fundamentales de la OIT". El mes pasado el Director General de la OIT escribió a Su Majestad el Rey Gyendra expresando su profunda preocupación por la suspensión de derechos civiles y sindicales, y especialmente por las noticias sobre la detención de sindicalistas.
El Consejo de Administración aprobó el 336 informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que examinó 30 casos. En este momento 134 casos están presentados ante el Comité.
El Comité destacó el caso de Nepal, por el arresto y detención de sindicalistas, la prohibición del derecho a huelga para trabajadores en una serie de servicios, y las restricciones al derecho a realizar manifestaciones pacíficas y a exhibir letreros.
El Comité requirió al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para enmendar el Acta sobre Servicios Esenciales con el fin de garantizar que sólo prohiba huelgas en servicios considerados esenciales en el sentido más estricto. Con respecto a la prohibición del derecho a realizar reuniones de más de cinco personas, que el Gobierno indicó haber revocado, el Comité destacó que los trabajadores deben tener el derecho a realizar asambleas y manifestaciones pacíficas para defender sus derechos laborales.
Con respecto a los alegatos sobre la intervención violenta de una manifestación y el arresto y la detención de sindicalistas, el Comité pidió al Gobierno garantizar que el uso de la fuerza por parte de las autoridades se produzca sólo cuando haya serias amenazas a la ley y el orden, y que la dimensión de estas intervenciones debería ser proporcional al peligro que las autoridades esperan conjurar.
El Comité también hizo notar ante el Consejo de Administración los casos de Guatemala, Venezuela y Zimbabwe, entre otros.
En el caso de Guatemala, el Comité examinó graves alegatos sobre violencia contra sindicalistas, despido de sindicalistas seguidos por el rechazo de los empleados a cumplir con órdenes para recontratarlos, y retrasos improcedentes en los procesos. El Comité destacó la gravedad de los alegatos de agresiones, amenazas de muerte e intimidación de sindicalistas, y los ataques contra sedes sindicales.
El Comité solicitó al Gobierno referir con urgencia estos casos a la Oficina del Fiscal especial para delitos contra los sindicalistas y a ordenar investigaciones sin demora.
Con respecto al despido de sindicalistas, el Comité hizo notar en términos generales que este tipo de órdenes judiciales para reinstalar a las personas en sus puestos suelen ser desatendidas, y que los procesos demoran años. El Comité también pidió al Gobierno revisar el procedimiento para la protección de los derechos sindicales previsto en la ley.
En el caso de Venezuela el Comité revisó los alegatos sobre interferencia de autoridades en el proceso de elecciones sindicales. Destacó que en ocasiones anteriores había objetado el papel asignado por la Constitución y la legislación al Consejo Nacional Electoral como organizador y supervisor de elecciones sindicales, incluso con el poder de suspender las elecciones.
El Comité pidió al Gobierno abstenerse de esas interferencias, y destacó que la organización de las elecciones debería ser un asunto que compete a los sindicatos involucrados, y que el poder de suspender las elecciones debería ser ejercido sólo por un tribunal independiente.
El Comité también examinó dos casos relacionados con Zimbabwe, por alegatos sobre el despido de altos dirigentes sindicales. El Comité pidió al Gobierno impulsar investigaciones independientes en torno a estos alegatos, y que si una entidad competente considera que se trató de medidas antisindicales las personas afectadas sean inmediatamente reinstaladas en sus puestos, o en un puesto equivalente sin pérdida de salarios ni beneficios.
En otro caso relacionado con alegatos sobre detenciones arbitrarias, intimidación a sindicatos y acoso, el Comité pidió al Gobierno abstenerse de adoptar esas medidas. Al referirse al clima de intimidación y miedo perjudicial para el desarrollo normal de actividades sindicales, el Comité expresó su profunda preocupación por la gravedad en el desarrollo de actividades sindicales en Zimbabwe, lo que queda demostrado por la cantidad de casos de este tipo que han sido presentados ante esa instancia.
El Consejo de Administración, órgano
ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo
(la Oficina es la secretaría de la
Organización), se reúne tres veces al
año, en marzo, junio y noviembre. Este
órgano toma decisiones sobre las
políticas de la OIT, establece la agenda de la
Conferencia Internacional del Trabajo, y adopta el
proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización que se ha de presentar a la
reunión de la Conferencia.
El Consejo de Administración está
compuesto por 56 miembros titulares (28
representantes de los gobiernos, 14 de los
empleadores y 14 de los trabajadores), y 66
miembros suplentes (28 en representación de
los gobiernos, 19 de los empleadores y otros 19 de
los trabajadores). Diez de los puestos titulares de
los gobiernos son ocupados en forma permanente por
los Estados de mayor importancia industrial
(Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia,
India, Italia, Japón, Reino Unido y
Federación de Rusia). Los demás miembros
gubernamentales, asi como los miembros trabajadores
y empleadores, son elegidos por la Conferencia cada
tres años.