Las trabajadoras migrantes migran de un país a otro en busca de oportunidades de empleo distintas del trabajo por cuenta. Todos los trabajadores migrantes, sin distinción de sexo, deben tener derecho a un trato no menos favorable que el que se aplica a los trabajadores nacionales respecto de, entre otros:

• la remuneración (incluidas las prestaciones familiares);
• las horas de trabajo;
• las horas extraordinarias;
• las vacaciones pagadas;
• las restricciones sobre el trabajo a domicilio;
• la edad mínima para el empleo;
• el aprendizaje y la formación;
• el trabajo de las mujeres y de los jóvenes;
• las actividades sindicales;
• la participación y el disfrute de los beneficios de la negociación colectiva;
• la vivienda y la seguridad social.

Las trabajadoras migrantes tienden a ser empleadas en una gama muy restringida de ocupaciones, entre ellas, el trabajo agrícola manual, las fábricas o las zonas francas de exportación, y, sobre todo, en puestos de trabajo relacionados con los estereotipos alusivos a la función de las mujeres como prestadoras de cuidados, enfermeras, trabajadoras del servicio doméstico y trabajadoras de bajo nivel en la restauración, la hotelería y el mundo del espectáculo. Por la naturaleza misma del trabajo que realizan, las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables cuando son empleadas para trabajar fuera de su país de origen. Pueden verse sometidas a explotación y a malos tratos no sólo por el hecho de trabajar en el extranjero y encontrarse fuera de la jurisdicción de su propio país, sino también porque a menudo ocupan puestos de trabajo escasamente protegidos por la legislación social. Su situación se ve agravada a menudo por la falta de autonomía y la fuerte relación de subordinación típica de los puestos que ocupan. Pueden ser objeto de violencia por razón de género y de abuso sexual, en especial si trabajan en el servicio doméstico o como trabajadoras del sexo.

Además, suelen ser jóvenes y pobres, viven con el temor de perder su trabajo y han tenido que dejar a su familia en el país de donde partieron. No hablan el idioma del país en el que trabajan, desconocen que tienen unos derechos que están siendo conculcados y, en general, no saben adónde recurrir por ayuda. Incluso pueden ser víctimas de contratación forzosa y de prácticas de empleo forzosas, o de trata de personas. Las mujeres jóvenes y las niñas están particularmente expuestas a ser objeto de trata con fines de explotación sexual comercial.

Debido a las altas y persistentes tasas de desempleo, muchos países han adoptado políticas para reducir el número de inmigrantes y ahora se ven ante el problema de la presencia de trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular y/o empleados ilegalmente. A pesar de la falta de estadísticas claras al respecto, se presume que gran parte de esos trabajadores son mujeres. Las políticas de inmigración de los países de destino que no contemplan los matices de género pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres inmigrantes y exponerlas a un riesgo mayor de empleo irregular y de deportación.