Preguntas y respuestas sobre las empresas y la protección social

Pregunta: Un proveedor deduce las contribuciones del trabajador estipuladas por la legislación para el seguro del trabajador estipulado por la legislación. Sin embargo, el proveedor emplea a muchos trabajadores migrantes que no podrán recibir las prestaciones sociales sobre la base de lo que cotizan. Desde la perspectiva de la OIT, ¿cómo debe proceder el proveedor en este caso?

Respuesta: La empresa debe acatar la legislación, incluidas las leyes que exigen recabar y transmitir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores. Esto debería hacerse de una manera transparente, y los trabajadores deberían conocer sus derechos en el sistema de seguridad social.

La Declaración EMN subraya la importancia que reviste que todas las partes de que se trate respeten los derechos soberanos del Estado, cumplan con la legislación, tomen debidamente en consideración las prácticas locales, y respeten las normas internacionales pertinentes. Esto incluye obligaciones legales en lo que respecta a la seguridad social.

Deducir de los salarios de los trabajadores sus contribuciones estipuladas por la legislación a los regímenes de seguridad social también es coherente con las disposiciones de las normas internacionales del trabajo, siempre que se informe a los trabajadores de los importes deducidos.

Si el régimen de seguridad social es amplio, el trabajador migrante se beneficiará directamente de muchas de sus disposiciones, como la atención médica, la licencia de enfermedad, las prestaciones por desempleo y la licencia de maternidad. En lo que respecta a las prestaciones de jubilación, tal vez exista un mecanismo para que se restituya al trabajador migrante que regresa a su país de origen o de emigración su cotización al régimen de pensiones, o para que éste reciba las prestaciones de jubilación en el extranjero. Tal vez existan regímenes similares para los migrantes internos que regresan a su provincia de origen. Ésta es una cuestión de administración gubernamental del régimen de seguridad social, y va más allá de la capacidad de una empresa particular para abordar esta cuestión (véanse el Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) , 1962 (núm. 118) y el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95).

Pregunta: Algunas veces se nos presentan casos en los que una persona está jubilada y recibe sus prestaciones de jubilación. Tras la jubilación, la persona sigue trabajando en una fábrica. La dirección de la fábrica no ha incluido a esta persona en nómina porque, si lo hubiera hecho, no habría cobrado un porcentaje de su pensión. El trabajador puede recibir tratamiento en el hospital de manera gratuita como todos los jubilados. ¿Está permitido trabajar después de la jubilación? ¿Está permitido trabajar sin que el trabajador figure en nómina? En caso de un accidente de trabajo, ¿basta que el jubilado se dirija al hospital para ser atendido de manera gratuita?

Respuesta: No existen restricciones al principio de trabajar después de la jubilación en las normas de la OIT. Sin embargo, la legislación nacional puede prever restricciones.

En lo que respecta a la jubilación, el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) de la OIT estipula que la legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

Las empresas deberían mantener unos registros de nómina adecuados en una forma aprobada de conformidad con la legislación nacional (véase el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Ofrecer trabajo a un jubilado sin incluirle en nómina podría ser ilegal para una empresa si no existen maneras legales establecidas para hacerlo. Algunos países han adoptado leyes que sancionan a las empresas por no declarar a sus trabajadores y por recurrir al empleo ilegal, en particular con relación a la seguridad social y al fraude fiscal. En algunos casos, también los trabajadores que están dispuestos a violar estas leyes se exponen a sanciones civiles y penales. Una prestación a la que una persona protegida tendría derecho puede suspenderse en el caso en que la persona de que se trate haya realizado una declaración fraudulenta. En algunos casos, los trabajadores que violan estas leyes se exponen a sanciones civiles y penales.

La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) subraya la importancia que reviste que todas las partes de que se trate respeten los derechos soberanos del Estado, cumplan con la legislación, tomen debidamente en consideración las prácticas locales, y respeten las normas internacionales pertinentes. Esto incluye obligaciones legales en lo que respecta a la seguridad social.

En lo que respecta a la cuestión de la cobertura médica, el hecho de que el trabajador tenga acceso a un tratamiento gratuito en el hospital para jubilados tal vez no sea suficiente en términos de protección, ya que puede que no esté cubierto contra accidentes del trabajo, o que no esté incluida la atención médica de larga duración como consecuencia de un accidente el trabajo.