Contexto:

La pobreza y los déficits de trabajo decente en la economía rural tienen muchas causas subyacentes, entre las que destacan: una economía de carácter informal; sistemas de producción insuficientemente desarrollados y diversificados; acceso limitado a bienes y servicios públicos y la protección social.

La actual crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia graves problemas estructurales como la alta informalidad. En áreas rurales la proporción del empleo informal es 1,5 veces mayor que en las áreas urbanas.

A nivel regional el 76,5 por ciento de trabajadores rurales tiene empleo informal frente al 45,1 por ciento de trabajadores urbanos. También se destaca que el 85,7 por ciento de los trabajadores agrícolas tienen empleos informales, en comparación con el 65,8 por ciento de los trabajadores informales no agrícolas. Lo que muestra la importancia de dar un enfoque rural a las políticas de formalización en la región, para aumentar su impacto.

A nivel de país, la tasa de informalidad nacional va desde un 23,9 por ciento en Uruguay a cerca del 80 por ciento en Guatemala y Perú, y por encima del 80 por ciento Honduras y el Estado Plurinacional de Bolivia. Para los países con datos desglosados entre empleo urbano y rural, es mayor la tasa de informalidad en las áreas rurales que en las urbanas.

La tasa de empleo informal rural es más del 90 por ciento en Honduras, el Estado Plurinacional de Bolivia y Perú, por encima del 80 por ciento en Guatemala, Paraguay, el Salvador, Ecuador y Colombia, entre el 60 por ciento y el 70 por ciento en Panamá, México, República Dominicana y el Brasil y cerca del 50 por ciento en Costa Rica, entre el 40 por ciento y el 30 por ciento en Chile y en Uruguay, respectivamente. (Figura 1).

Los esfuerzos por entender la informalidad están enfocados en el mundo urbano. Y, ya sea por diseño o por capacidad de implementación, históricamente las estrategias de formalización se han centrado también en ese ámbito. No suelen considerar las necesidades, las narrativas y los desafíos de los trabajadores y de las unidades productivas rurales.

Una estrategia principal para fomentar la transición de la economía informal a la formal es incrementar la productividad. La figura 2 muestra la productividad relativa según el tamaño de empresa en 2009 y 2016. Del gráfico resaltan dos aspectos. El primero es que la productividad de micro, pequeña y medianas empresas es mucho menor que la productividad de las grandes empresas. Las empresas medianas representan tan sólo el 46 por ciento, las pequeñas 23 por ciento y las micro 6 por ciento de la productividad de las grandes empresas. El segundo factor, es que dicha brecha de productividad se ha mantenido prácticamente constante desde el 2009.

Objetivos

Los objetivos principales de esta línea de trabajo se enfocan en visibilizar el problema de informalidad y baja productividad en áreas rurales; así como las oportunidades que existen para la transición a la formalidad y al desarrollo productivo. Para ello es necesario generar evidencia respalde la implementación de políticas en áreas rurales para promover el empleo decente. Es necesario:

• Generar conocimiento sobre la magnitud, características y composición de la informalidad, así como sobre los principales impulsores de la informalidad y los incentivos para la formalización en la economía rural de ALC.

• Desarrollar bases estadísticas que permitan desglosar indicadores del acceso al trabajo decente y productivo entre áreas rurales y urbanas.

• Desarrollar sistemas de información para generar indicadores de productividad en las zonas rurales.

• Impulsar la productividad en zonas rurales, así como en pequeñas y medianas empresas para fomentar la transición a la formalidad.

• Mejorar el conocimiento y la práctica sobre la promoción de políticas, estrategias, programas e intervenciones dirigidas al mercado de trabajo para el desarrollo productivo y transición a la formalidad.

• Brindar asesoría y asistencia técnica en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas, estrategias, programas e intervenciones integrales a nivel nacional, sectorial/ cadenas de valor y local.

• Fortalecer las capacidades de los funcionarios del Estado, de representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores.