Desde su fundación en 1919, la OIT ha puesto en la palestra pública el  tema de los trabajadores migrantes. La búsqueda de justicia social no puede ignorar a millones de trabajadores que se desplazan a lo largo y ancho de las fronteras del planeta, buscando oportunidades –no siempre muy prometedoras– en países diferentes a los de su procedencia.

Plantear una estrategia global sobre los trabajadores migrantes implica un análisis exhaustivo y el diseño de legislación y programas que tomen en  cuenta  sus derechos a ser tratados con los mismos criterios de trabajadores nacionales, sus derechos a la sindicación, a condiciones laborales decentes, a horarios de trabajo y salarios dignos y por supuesto, implica también, el seguimiento de una serie de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que le acontecen a una masa tan grande de hombres, mujeres y niños, dispuestos a hacer lo que sea por su sustento y el de sus familias.

El tema de las migraciones laborales y el empleo, es uno de los más complejos de abordar para sensibilizar a los Estados a establecer legislación justa e implementarla, puesto que está vinculado a muchos factores políticos y económicos de un mundo globalizado que requiere del trabajo extranjero, pero a la vez, busca restringir la inmigración. El problema de la percepción que hay en muchos países sobre trabajadores inmigrantes, no es nuevo, porque en mucho casos, la “epidemia” de la xenofobia, la discriminación y la demagogia, suelen ser canalizados en la figura de estos trabajadores, utilizados como chivos expiatorios de aquellos que buscan dividendos políticos inmediatos, culpándolos de la falta de empleo para los nacionales. ¡Nada más falso! Según las más recientes investigaciones sobre el tema laboral, tanto de la OIT, como de la UNESCO (Organización Internacional de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la ACNUR (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la  CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y tantas otras,  en la mayoría de los países desarrollados, los trabajadores migrantes se ocupan de labores que los nacionales no quieren realizar, sea por las escasas condiciones de seguridad física o social que éstos ofrecen, por sus bajos salarios o por su carácter forzado, permitiendo a las naciones mantener una economía competitiva y por lo tanto, un mercado laboral más estable de lo que sería sin el trabajo de estas poblaciones de origen foráneo.

La OIT, alerta sobre el dilema de un mundo globalizado, en donde la mayoría de los países se contradicen en un discurso que busca restringir las migraciones y reducir el numero de trabajadores legales y por supuesto, ilegales, que se encuentran en sus fronteras, mientras que en la práctica, mantienen una posición muy tolerante a la explotación y falta de regulación que proteja jurídicamente los derechos laborales, sociales y de salud de los trabajadores migrantes.

Finalmente y luego de muchos años intentando conseguir el compromiso de la mayor parte del mundo para ratificar convenios relacionados a este tema, el 1 de Julio de 2003 entró en vigor el “Convenio Internacional sobre la Protección de Derechos de los Trabajadores Migratorios”, una propuesta que no terminaba de concretarse desde que la Convención de las Naciones Unidas en 1990 instó a todos los Estados a adoptar medidas especificas para proteger a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares y para crear un marco jurídico y político que conlleve a la eliminación de su trafico, trata y explotación, así como de todo tipo de manifestación de racismo, discriminación racial y de genero, xenofobia e intolerancia en su contra.

El año 2003 quedará registrado en los anales de la OIT como la fecha en que comienza la implementación del Convenio Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y el 2004, será el año en que la cuestión la migración laboral  y sus diversas secuelas, será el tema de la agenda principal a debatir en la Conferencia Internacional del Trabajo que anualmente se realiza en Ginebra.

El tema de los trabajadores migrantes preocupa y ocupa la atención de la OIT desde su creación, cuando se establece en el preámbulo de su Constitución la obligación de la recién fundada institución, de mejorar la “protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero”. Por lo tanto, no es casual que el tema fuese tratado en el Tratado de Versalles que rubricaba la entonces nueva realidad política, sociolaboral y de derechos humanos del mundo, tras la Primera Guerra Mundial y se incluyó también en los objetivos de la primera Conferencia Internacional del Trabajo del mismo año, 1919: La igualdad de trato entre trabajadores nacionales y migrantes y la concertación de políticas migratorias entre Estados, gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores.

Este asunto quedó implícito en los temas de discusión, convenios  y seguimiento de la OIT durante las siguientes décadas, pero no fue abordado específicamente hasta que se enuncia en los fines y objetivos de la organización en 1944 (la llamada Declaración de Filadelfia) y luego, con más vigor, en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,  en 1998, cuando se reitera la especial atención que los trabajadores migrantes merecen. Durante el más de medio siglo, entre la validación de estas dos declaraciones, la OIT propuso varios convenios y recomendaciones concretas, relacionadas a las leyes y condiciones laborales de estas poblaciones, pero no fue sino hasta la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, en 1990, cuando se inició una perseverante campaña para ratificar, no sólo los convenios más importantes sobre el tema de trabajadores migrantes, sino también, una serie de propuestas que durante décadas la OIT intentó llevar a la práctica, sin la implementación efectiva de muchos Estados que las  adoptaron.

¿Por qué sin embargo estos convenios y recomendaciones no fueron tomados en cuenta con mayor seriedad por la mayoría de los países hasta el comienzo del nuevo milenio?  La respuesta se encubre en el dilema de muchos Estados bien intencionados en cumplir reglamentos sobre migraciones ilegales a sus países y de   protección laboral y social a los trabajadores extranjeros, que se durmieron en los laureles de una realidad que les beneficiaba económicamente, ya que estos trabajadores cumplían con las labores menospreciadas por la población nativa, tanto por su naturaleza como por la falta de condiciones mínimas de seguridad legal y laboral.

El ejemplo de los convenios Número 97 y 143 que tantos países aprobaron, pero fueron renuentes a ratificar por largo tiempo, proporcionan buenos ejemplos del problema.

El Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes, adoptado en 1949, sienta las bases para la igualdad de tratamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros en situación regular en lo relativo a contratación, condiciones de vida y de trabajo, acceso a la justicia, reglamentación de impuestos y asuntos de seguridad social. También contempla el tema de la reunificación familiar  y medidas para regular de manera general los procesos migratorios. Su correspondiente recomendación, la número 86, establece estrategias para la recolección de datos que permitan tener un panorama de la problemática específica de cada país, la ayuda técnica de la OIT para la vigilancia y protección de los derechos de los trabajadores e instrumentos para la implementación de este convenio.
 
El Convenio Nº 143 sobre los trabajadores migrantes  fue aprobado en 1975, cuando la comunidad internacional tomó conciencia del aumento de la migración irregular. El convenio estimula la regulación de flujos migratorios, la eliminación de la migración clandestina y de los delitos que la acompañan: el tráfico y trata de personas, y la facilitación de la integración de los migrantes a las sociedades de acogida.  Su respectiva recomendación, la número 151, precisa medidas a adoptar para asegurar el respeto de principio de igualdad de todos los trabajadores - uno de los principios fundamentales de la OIT, sea cual sea el tema específico a abordar – y también define las bases de toda política social destinada a permitir que trabajadores migrantes y sus familias se puedan beneficiar de los mismos derechos que los trabajadores nacionales, propugnando la adopción de ciertas normas mínimas de protección laboral, como por ejemplo, en casos de pérdida de empleo, expulsión y salida del país.

A pesar de que la OIT planteó estos dos convenios de la manera más amplia y flexible para que todos los países pudiesen ratificarlos lo más pronto posible y aun cuando su implementación sería de gran beneficio para todos, muchos países se resistieron a hacerlo y el ritmo de ratificaciones fue muy lento, en ambos casos.  Hubo países que exigieron primero la promulgación de una ley internacional de migraciones; otros alegaron que no era el momento oportuno, algunos alegaron que el problema es muy complejo  y por lo tanto la legislación en esa materia evoluciona constantemente. En fin, las explicaciones y justificaciones para dilatar la implementación de estos convenios, fueron muchas y diversas. Pero sin duda, la razón principal  de la resistencia a ratificarlos  reside en la contradicción que hay en una considerable cantidad de países que alientan y combaten la migración al mismo tiempo, porque si bien comprenden cuan importante es el tema de los derechos sociolaborales y humanos de los trabajadores extranjeros, se benefician del tipo de trabajo y los bajos costos que significa el trabajo de éstos.
 
Eventualmente, la campaña internacional de la OIT para ratificar estos convenios finalmente dio frutos, especialmente después que en 1997 un reunión tripartita (expertos de gobiernos, empresarios y trabajadores) realizó una investigación exhaustiva de las actividades que se hacen en el mundo en materia de migración; después que en l998 la OIT  declarara de carácter obligatorio para todos los Estados, cumplir con la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,  que incluye la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; después que en el año 2000, 124 países  firmarán los Protocolos de Palermo contra el trafico y la trata de trabajadores migrantes, que definen con detalle los diferentes tipos  de actividades ilícitas relacionados a estos conceptos  y crea un instrumento jurídico internacional de carácter universal y vinculante para penalizar a los delincuentes que hacen negocios y explotan a las personas que se movilizan de un país a otro(tocando temas vinculados como la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso en régimen de esclavitud, prostitución, etc.); después que se realizara la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Xenofobia de Durban, Sudáfrica, en 2001 - en fin, después que la OIT tomó la batuta en una serie de escenarios mundiales para incluir en sus agendas el tema de los trabajadores migrantes.

El esfuerzo de décadas para que se ratificaran los convenios relacionados a los derechos y protección de condiciones sociolaborales de aquellos que erran por el mundo en búsqueda de trabajo, se coronó con la puesta en vigor del Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares adoptado por la ONU en 1990, ya ratificado por 22 naciones, pero que tiene carácter obligatorio incluso para los Estados que aún no lo hayan hecho, si desean recibir asesoramiento técnico y monitoreo para este tema en los futuros años.

La travesía ha sido larga, pero finalmente, el mundo se encamina a enfrentar el reto social, laboral y humano que requieren los trabajadores migrantes.

Las estadísticas sobre migraciones internacionales de muchos países son escasas y en muchos casos, no tienen en cuenta la presencia de personas indocumentadas que residen en ellos. Sin embargo, extrapolando cifras y tendencias recientes, la OIT estima que el número total de trabajadores migrantes y miembros de sus familias en el mundo asciende actualmente a unas 120 millones de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas estiman que el total de la población que reside temporal o permanentemente fuera de sus naciones de origen es de más de 180 millones de personas.

La demanda de mano de obra migrante no declina, sobretodo en los países desarrollados cuyas tendencias demográficas y el envejecimiento de la fuerza de trabajo indican que muchas naciones dependerán económicamente, en buena medida, de trabajadores extranjeros. Se busca mano de obra barata  y con bajas calificaciones en los países industrializados, sobretodo para labores relacionadas con la agricultura, la alimentación, la construcción, la manufactura (sobretodo en la industria textil) y sectores poco o nada regulados como el servicio doméstico, trabajo en condiciones de servidumbre en plantaciones y el sector del sexo.

La relación entre las pobres condiciones salariales y laborales de millones de trabajadores migrantes está vinculada con problemas que la OIT aborda a través de diversos programas, como el tema del trabajo forzoso, la discriminación laboral, la explotación de mujeres y niños en sectores no regulados o trabajos ilegales, en fin, con todos aquellos problemas que atentan contra la justicia social.

La caída de “la cortina de hierro”” en Europa del Este, ha generado un proceso de migraciones masivas de personas de estos países hacia los países de la Unión Europea.  Recientes estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, indican que entre 400 y 500 mil migrantes irregulares ingresan anualmente a los países de este bloque de naciones. La OCDE también señala que unos  275 mil a 400 mil personas entran de forma clandestina a los Estados Unidos cada año. De la gran cantidad de emigrantes hacia USA, cuyo número se triplico entre 1980 y 1990, los mayores movimientos migratorios provienen de Latinoamérica, una región abrumada por los desequilibrios crecientes que origina  la economía de mercado en países con instituciones débiles y altos índices de corrupción. De hecho, los hispanos son ya, la principal minoría étnica de los Estados Unidos según un censo realizado en el 2000. También son muchos los flujos migratorios desde África hacia Europa.

Las movilizaciones masivas de personas aunado a los problemas inherentes a la globalización, generan una compleja trama de intereses comunes a gobiernos, empresarios y sindicatos, que dificultan la regulación y el interés en tomar medidas serias contra la subcontratación, los bajos salarios, las malas e intolerables condiciones laborales de trabajadores extranjeros en puestos sucios, peligrosos, difíciles (lo que inglés se califica como DDD – dirty, dangerous and difficult jobs), generando grandes desajustes sociales no sólo entre los extranjeros dispuestos a realizar trabajos que los nativos rechazan, sino también, en las mismas sociedades receptoras de migración.

Un ejemplo de esto es lo proporciona Centro América que para 1990 tenía un índice de 1, 2 millones de personas que dejaron sus países para emigrar a USA, ¡lo que representa el 4,5% de toda la población regional! En Costa Rica, más del 7% de sus habitantes son emigrantes, principalmente de Nicaragua y de El Salvador y en México, principal país exportador de mano de obra de las Américas y segundo en el mundo, las remesas de trabajadores que se encuentran legal o ilegalmente en USA, representa una parte importante de su economía y dinero vinculado al desarrollo económico, social y cultural del país.  Pero México es también un importante país de destino de migrantes económicos de América Central, especialmente de Guatemala, que buscan empleo en sus estados sureños y acogen a los migrantes que no logran su objetivo de ingresar irregularmente a los Estados Unidos.

Este tipo de situaciones hace que la región centroamericana sea una de las zonas del mundo en donde más se ha desarrollado el trafico y la trata de migrantes a través de redes organizadas de criminales, que en muchos casos, exponen a muchas personas, en especial a mujeres y niñas, al mercado del sexo y en donde se presentan numerosos casos de violación, no solo a las leyes nacionales de cada país y a las internacionales, sino, a derechos humanos básicos trasgredidos con actos violentos, torturas, maltratos, coacción, abuso y explotación laboral. El tráfico y la trata ilícita de migrantes en el mundo se han convertido  en un negocio muy lucrativo, superado sólo en su magnitud por el tráfico de armas y de estupefacientes.

El marco de desprotección laboral en regiones como Centro América, facilita este tipo de delitos, pero las dimensiones son semejantes en lugares en donde las grandes movilizaciones de población causan desajustes económicos y sociales muy profundos.

Otro caso que ilustra en micro, lo que ocurre en nuestro intrincado planeta es el de Argentina. Históricamente, un país centro del sistema migratorio del Cono Sur, Argentina sufrió una contracción de su mercado de trabajo como resultado de la crisis económica del 2001 al 2003, produciendo una migración de retorno hacia los países limítrofes y el Perú, así como una sostenida emigración hacia América del Norte y Europa.  Esto ha causado un gran aumento del desempleo de población más instruida (“Fuga de Cerebros” o Brain Drain), lo cual perjudica su futura potencialidad para la inmigración y privilegia a los países que lo reciben como España e Italia, grandes receptores de esta población. Atraer de vuelta a este tipo de trabajadores es un gran desafío para cualquier país.

Pero las cifras son más dramáticas en países de pobreza y violencia crónica como el Perú de los años ochenta y Colombia hoy, y es por eso que unos dos millones de peruanos (7% de la población) y de colombianos (5% de la población) viven en el extranjero, la mayoría en trabajos con escasa o ninguna protección laboral y social.

Véase: “CIT 2004: Discusión general sobre trabajadores migrantes basada en un enfoque integrado. Documento de antecedentes”.

¿Qué puede hacer la OIT ante tan compleja realidad?  La dimensión del problema es enorme y requiere un trabajo persistente por parte de esta organización, pero también, proyectos conjuntos con otros organismos internacionales y con cada país genuinamente dispuesto a enfrentar el reto.

La OIT por  su composición única de carácter tripartito que incluye a representantes de las organizaciones nacionales de empleadores, de trabajadores y de los gobiernos, por ser una agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas con la infraestructura, el apoyo y la reputación internacional que goza, está al mando de la campaña por la regulación de migraciones de trabajadores en el mundo y la implementación de leyes y programas que les garanticen sus derechos sociolaborales y sus derechos humanos. La actividad fundamental de la OIT va más allá de la elaboración normativa y de la supervisión, e incluye la investigación, documentación pero sobretodo, el asesoramiento técnico a los Ministerios del Trabajo de todas las naciones que lo soliciten, para que  Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, sea implementado de la manera mas eficiente y expedita.

La OIT ha logrado que el movimiento sindical de muchos países de las Américas, Europa y Asia integre a trabajadores migrantes en su seno, e incluso, algunas de estas organizaciones cuentan con personal totalmente dedicado a las cuestiones de estos trabajadores y a la lucha contra la discriminación. También, organizaciones de empleadores del mundo comienzan a aplicar las normas mínimas de protección social para sus trabajadores migrantes y un centenar de ONG reciben asistencia de la OIT en sus labores para prestar servicios directos a ellos.

La documentación y memorias supervisadas por la OIT permiten sensibilizar a Estados que aún no toman medidas claras en beneficio de los trabajadores migrantes. Temas que se están ventilando en la palestra pública, como el de las migraciones y enfermedades contagiosas como el SIDA, la trata y trafico de personas y la explotación sexual de mujeres y niños, están generando una corriente de Opinión Pública que moviliza a los diversos interlocutores de muchas sociedades en el mundo, a debatir este tema que el próximo 2004 será el que domine la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo.

A pesar de que el historial de la OIT con respecto a este tema, se podría decir que el camino para enfrentarlo globalmente, apenas ha comenzado.

Los casos de migraciones laborales regionales en Europa y América Latina ilustran en toda su complejidad, pero también, dan razones para el optimismo, el tema de las condiciones de los trabajadores extranjeros y la manera  cómo una política sociolaboral para la integración, facilita el diagnóstico y tratamiento de los problemas a abordar con respecto el drama humano de millones de personas que emigran de sus países en búsqueda de un futuro mejor.

La Comunidad Europea es un ejemplo de cómo los Estados pueden unirse para tratar paralelamente, los intereses nacionales de cada uno de ellos, pero también velar por los derechos humanos de los ciudadanos de todos los países del bloque político y económico que conforman. La Comisión de Comunidades Europeas (CCE) declaró el año 1997 como “Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia”, incorporando una cláusula específica en el Tratado de Ámsterdam que prohíbe, entre otros asuntos, la discriminación por motivos de raza o de origen étnico. El Consejo de Europa trata constantemente aspectos legales de los procesos migratorios a la Comunidad y se han creado instituciones específicas para este tema, como el Comité Europeo sobre las Migraciones y el Servicio Europeo de Empleos, EURES, que sirve como principal medio de  reclutamiento de trabajadores extranjeros, coordinando a nivel regional las políticas para reclutarlos.  EURES provee información y asistencia en materia de colocación y reclutamiento, tanto para los candidatos a la emigración, como para empresas empleadoras, haciendo conocer los deberes y  derechos de unos y otros en cuanto a las condiciones de trabajo, según la legislación de la Comunidad Europea.

En Latinoamérica las migraciones intra regionales se han incrementado en los últimos años ante las diversas situaciones de inestabilidad política y social. Si bien países como Argentina y Venezuela fueron históricamente receptores de inmigrantes, mientras que Chile y en menor grado, Honduras, fueron países de emigración, la crisis política y económica en los primeros y los grandes progresos en los otros dos, demuestran como el flujo de migraciones va cambiando en el continente. (En el caso de Honduras, tras las secuelas del Huracán Mitch en 1998, los índices de emigración de nuevo se alzaron por encima de los de inmigración). Esto implica, que países que tradicionalmente no se consideraban como receptores de inmigrantes, han tenido que afrontar en los últimos años que su situación ha cambiado dramáticamente y por lo tanto, sus políticas y programas con respecto a la creciente población extranjera en su seno, debe ser redefinida.

Los países del Pacto Andino tienen desde 1977 un instrumento de migración laboral – llamada la Decisión 116 del Acuerdo de Cartagena – que si bien hizo un intento de regularizar la situación de trabajadores migrantes entre sus países miembros, apenas pudo cumplir con estos objetivos. La adopción de economías de mercado durante los años 80 abrió  la Caja de Pandora de las débiles instituciones estatales que tenían estas naciones para adaptarse a la nueva realidad, desatando aún más los fantasmas de pobreza e inestabilidad que apenas permiten a estos países, velar por los derechos de sus poblaciones nacionales.

En 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se asociaron en un mercado común del Sur, Mercosur,  que luego incorporó con distintos grados de compromiso a Bolivia y Chile. En el Cono Sur, en donde, con excepción de Perú y Uruguay, en los últimos años ha habido un crecimiento de migraciones fronterizas e intra regionales, Mercosur no puede ignorar el rol de los trabajadores migrantes en la estabilidad social y laboral de sus países. Por ejemplo en Chile, entre 1995 y 2001, se duplicó la cantidad de residencias otorgadas a migrantes en situación irregular, muchos de ellos provenientes de países de la Comunidad Andina.

Mercosur adoptó en 1995 un acuerdo destinado a regular las migraciones dentro de la región, pero fue en 1998 cuando se dio un gran salto para la región, con “La Declaración Sociolaboral del Mercosur”  , en la cual, además de considerar explícitamente la igualdad de derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos en relación a los nacionales, compromete a los Estados a adoptar normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y llevar a cabo acciones a fin de mejorar sus oportunidades de empleo y sus  condiciones sociales y de trabajo. La Declaración también estipula el principio de no discriminación.

Mercosur, al igual que la Comunidad Europea, ha creado instituciones para el seguimiento y asesoramiento de sus países miembros, en todas las materias que le competen, incluyendo la de las migraciones laborales, como por ejemplo, una Comisión de Seguimiento del cumplimiento de los proclamado en el Documento Sociolaboral, que pronto entregará memorias, en las cuales, se obtendrá información muy valiosa sobre la situación de los trabajadores migrantes en la región. A fines de 2002 se ha producido un acontecimiento de gran trascendencia sobre este tema, que no se puede menospreciar: La cristalización de un Acuerdo de Libre Residencia para los nacionales de los países miembros, más Chile y Bolivia, que definitivamente facilita la regularización del movimiento migratorio en la región.
 
El impulso que está tomando la integración regional, bajo la figura inspiradora del presidente de Brasil Lula da Silva, la evolución positiva de Argentina frente a la crisis económica y social de los últimos años y las necesidades de la región de integrarse frente a un mundo de bloques económicos, está haciendo que el acercamiento entre Mercosur, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano y el Mercado Común del Caribe, la CARICOM,  se haga más imperativa y es por eso que se habla cada vez con más seriedad sobre un Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA.
 
Estos tratados multilaterales junto a los numerosos acuerdos bilaterales de migración entre países latinoamericanos – más de 80 suscritos entre 1991 y 2000 -  facilitan para la OIT el trabajo de sensibilización, monitoreo y asistencia a países que trabajen en bloque, con respecto a temas como el de los derechos y las condiciones sociolaborales de trabajadores migrantes. De hecho, en la III Conferencia Sudamericana sobre Migraciones de 2002, la OIT fue incluida expresamente en las actividades del Plan de Acción de Quito en cuanto a la prestación de apoyo para difundir los derechos y deberes de los migrantes en material laboral, como en el marco de la promoción e inserción de éstos en los países de destino.

Es así, como los países del mundo comienzan a acortar las distancias entre las buenas intenciones y las eficaces acciones que demanda el Convenio Internacional sobre la Protección de Derechos de los Trabajadores Migratorios. Es cuestión de tiempo para que se concreten muchos de los objetivos de la OIT con respecto a este tema, como lo fue llegar al momento en que los trabajadores migrantes puedan “tomar la palabra” a través de representantes de sus países, en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2004.