SAN JOSE (Noticias de la OIT) - De los casi 10 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, poco más de la mitad están económicamente activos, 4,5 millones en la condición de ocupados y más de 600.000 están desempleados. Así afirmó hoy la OIT al presentar el estudio: "Juventud y trabajo decente y las vinculaciones entre trabajo infantil y empleo juvenil en Centroamérica, Panamá y República Dominicana".

Los y las jóvenes representan una cuarta parte de la fuerza laboral de la subregión, y un 45% de la población total desempleada. Sus tasas de desempleo son entre dos a cuatro veces más elevadas que los adultos, siendo especialmente significativas en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La incidencia en el desempleo entre las mujeres jóvenes es más elevada que entre los jóvenes varones (tasas de desempleo que son, por general, casi el doble de la observada para los jóvenes varones). También es peor el desempleo para la juventud de los hogares más pobres (sus tasas de desempleo prácticamente triplican en promedio las tasas de desempleo de los jóvenes pertenecientes a los hogares más ricos).

Dos de cada tres jóvenes ocupados lo están en actividades vinculadas al sector informal de la economía, porcentaje que alcanza un 75% en el sector rural. Aproximadamente 7 de cada 10 jóvenes desocupados se desempeñan en trabajos sin cobertura de protección en salud y/o pensiones. Además, alrededor de una cuarta parte de los hombres y las mujeres jóvenes de la subregión (2,3 millones) no estudian ni trabajan, proporción que es más elevada en el ámbito rural (aproximadamente 3 de cada 10), y entre las mujeres jóvenes (una tercera parte).

Los datos están incluidos en el referido estudio, elaborado por la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, el Programa IPEC-OIT (Coordinación Subregional para América Central), el Proyecto PREJAL-OIT (Promoción del Empleo Juvenil en América Latina) y el Programa FOIL-AECID (Formación Ocupación e Inserción Laboral), a través del Observatorio Regional del Mercado Laboral para Centroamérica y República Dominicana.

Entre los principales hallazgos de la investigación, se pueden mencionar:

• El crecimiento económico tiene “baja intensidad en empleo juvenil”; sin embargo, las actividades “más modernas” del sector servicios se muestran más proclives a contar con jóvenes; asimismo, urge mejorar la calidad de la ocupación juvenil en el ámbito rural, como elemento fundamental para reducir la pobreza, promover el desarrollo local y el arraigo de jóvenes.
• El entorno institucional muestra todavía escasas y poco articuladas políticas de empleo juvenil, con baja participación de los actores sociales y limitada representatividad de la juventud. La extensión de la experiencia de los programas de transferencias monetarias condicionadas a la permanencia de los y las jóvenes adolescentes en la escuela, aunado a una adecuada oferta educativa a esta población, es una medida que debería ser evaluada.
• Asimismo, se puede aprovechar de las buenas prácticas del Programa IPEC en materia de desarrollo institucional y participación de los actores sociales en la construcción y operación de estrategias/planes para la prevención y erradicación del trabajo infantil, en el proceso de diseño y validación de sendos Planes de Acción para la promoción del empleo y el trabajo decente para la juventud.
• Más allá del desempleo, se observan niveles elevados de precariedad laboral y desprotección social, y una proporción significativa de jóvenes que no estudian ni trabajan (uno en cada cuatro), especialmente en el ámbito rural y para las mujeres jóvenes, lo que merma las posibilidades de desarrollo de trayectorias laborales positivas.
• El trabajo infantil, en especial en las peores formas, sigue siendo un desafío de grandes magnitudes en la subregión. Las evidencias disponibles dan cuenta que los niños, niñas y adolescentes que han participado en actividad económica abandonan la escuela más temprano que sus pares o presentan un menor logro académico, lo cual resulta en una inadecuada inserción en el mercado laboral, limitando sus posibilidades de progreso.
• El porcentaje de jóvenes adolescentes (15-19 años) que sólo trabaja es bastante importante, predominando la inserción en ocupaciones de menor calidad. Vale decir que aquellos niños, adolescentes y jóvenes que se han mantenido por más tiempo en la escuela, tienen menor probabilidad de ocuparse de forma precaria.

Sobre esta base, el informe plantea ciertas recomendaciones de políticas para promover el trabajo decente para la juventud, a saber:

• Mejorar el vínculo con el mundo productivo y mayor integración del mundo productivo: fortalecimiento e integración de las políticas activas de mercado de trabajo, y la extensión de su cobertura; más y mejor información sobre el mercado laboral; encadenamientos productivos; y mejor articulación de las políticas productivas con las políticas laborales y educativas.
• Promover la responsabilidad social empresarial y el aprendizaje: identificar buenas prácticas empresariales y promover la capacitación y formación para el empleo, en convenio con el sector privado.
• Desarrollar el “espíritu emprendedor” y la formación y desarrollo de empresarios jóvenes: selección de proveedores de servicios de desarrollo empresarial; desarrollo de la cultura emprendedora; formación de jóvenes empresarios incipientes y emergentes; apoyo financiero a emprendimientos juveniles con perspectiva de éxito.
• Ampliar la cobertura y la calidad de la protección social para la juventud: identificar e implementar mecanismos para promover el acceso de los y las jóvenes a la seguridad social.
• Generar oportunidades de trabajo decente a grupos focalizados: priorizar el empleo juvenil en las políticas de desarrollo económico local; fomentar proyectos de desarrollo local que beneficien a jóvenes vulnerables.
• Promover el desarrollo institucional (gobiernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores): desarrollo de arreglos institucionales a favor del trabajo decente para la juventud, así como para promover un mejor conocimiento sobre los itinerarios educativos y laborales.

Estas recomendaciones coinciden en gran medida con las directrices de políticas acordadas en la Declaración del I Foro Iberoamericano de Ministros de Trabajo (Sonsonate, El Salvador, 9 de setiembre de 2008), que seguramente han nutrido la preparación de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se está llevando a cabo en San Salvador entre el 29 y el 31 de octubre.