Identifican desafíos y oportunidades del Convenio 169 sobre pueblos indígenas de OIT en América Latina

La norma internacional de la OIT ha sido ratificada por 15 países de esta región. Participantes en un foro regional tripartito realizado en Lima dejaron en evidencia que hay consenso sobre la necesidad de mejorar su aplicación, y también sobre su importancia como herramienta para promover desarrollo inclusivo y sostenible.

Comunicado de prensa | 24 de noviembre de 2017
LIMA – La aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en los países de América Latina ha sido clave para fortalecer legislaciones e instituciones, pero requiere de mayores esfuerzos de capacitación y de diálogo entre las partes involucradas, destacaron los participantes de 10 países que asistieron a un Foro Regional convocado por la OIT para abordar los problemas vinculados a la implementación de esta norma internacional.

“Pese a los esfuerzos desplegados en la región subsisten importantes brechas en la implementación del instrumento”, dijo el Director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, al destacar en el encuentro realizado en Lima que en muchos países se presentan situaciones como la debilidad institucional o el desconocimiento de los alcances del Convenio.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT fue adoptado por los estados miembros de la Organización en 1989. Desde entonces ha sido ratificado por 22 países, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe, por lo cual su aplicación en la región tiene gran relevancia.

De acuerdo con datos de la CEPAL citados durante el encuentro, en América Latina y el Caribe hay 826 pueblos indígenas que agrupan a más de 45 millones de personas, caracterizados por “una enorme diversidad”, incluyendo desde aquellos que se han trasladado a vivir a zonas urbanas hasta los que viven en total aislamiento.

Durante los últimos años el Convenio 169 ha sido objeto de numerosos debates en los países donde ha sido ratificado, y donde se han aprobado leyes e incluso creado instituciones especiales para aplicarlo, en particular con el objeto de abordar las disposiciones relacionadas con la consulta previa en el caso de proyectos de inversión que afecten a las comunidades indígenas.

“En este foro se ha reconocido que aplicar el convenio es complejo, no solo por el tema de la consulta previa, sino porque se trata de promover cambios estructurales y de gobernanza”, dijo Salazar al recordar que esta norma internacional “es un instrumento de protección de derechos, y al mismo tiempo es un instrumento de desarrollo, de políticas económicas y sociales”.

En el encuentro de dos días que concluyó este viernes en Lima participaron representantes de Gobierno y del sector público, de organizaciones de empleadores y de trabajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y de organizaciones indígenas de alcance regional.

Los participantes coincidieron en la importancia de intercambiar experiencias y de profundizar el diálogo. Al mismo tiempo plantearon a la OIT la necesidad de contar con capacitación, asistencia técnica para aplicar la norma, y con un proceso de investigación y documentación de buenas prácticas.

“La mayoría de los Estados que han ratificado esta norma no cuentan con mecanismos institucionales suficientemente fuertes para aplicar de forma eficiente lo dispuesto por el Convenio 169”, comentó el Director Regional de la OIT. Los participantes también destacaron que hay desconocimiento sobre los alcances de la norma, y a menudo existe desconfianza entre las partes.

Al mismo tiempo, Salazar destacó que todas las partes reconocieron la relevancia de este Convenio como instrumento que profundiza la democracia y que está orientado a mejorar la situación de una parte de la población que registra patrones persistentes de pobreza, de discriminación y de exclusión social.

“El Convenio 169 puede servir como un sólido marco para lograr un desarrollo incluyente y sostenible, con los pueblos indígenas como actores y socios, en un escenario de respeto de sus derechos a la vez que se avanza con las inversiones que se requieren para el crecimiento económico y social y la creación de más y mayores empleos”, comentó.

La OIT destacó que el foro realizado en Lima esta semana es el primer paso en un proceso de intensificación del diálogo sobre esta norma internacional. “Vamos a continuar con estas conversaciones, aseguró la Directora del Departamento de condiciones de trabajo e igualdad de la OIT, Manuela Tomei, quien visitó la capital peruana para asistir a este encuentro.

“Aquí hay una visión compartida, y sorprendentemente encontramos más convergencia que divergencia”, añadió tras escuchar opiniones y solicitudes de apoyo de OIT por parte de representantes de los diferentes actores sociales presentes en el foro.

Tomei destacó que “este es un Convenio vivo, que exige una mirada diferente cuando pensamos en políticas públicas”.

También comentó que el foro puso en evidencia que en América Latina “hemos avanzado mucho en la aplicación del Convenio 169 pero falta mucho por hacer”.