En América Latina y el Caribe, más de 100 millones de mujeres están insertas en el mercado laboral. Este masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo ha tenido efectos importantes en la generación de riqueza de los países, el bienestar de los hogares y la disminución de la pobreza. Los empleos son más, pero no de mejor calidad. La situación es aun más desfavorable para las trabajadoras de hogares de menos ingresos, que viven una doble o triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas o afrodescendientes.

En las últimas décadas, América Latina y el Caribe ha tenido profundas transformaciones sociodemográficas (tamaño de las familias se ha reducido y sus estructuras) y en la en la organización del trabajo y la producción.

En medio de este contexto, aunque las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado, no ha habido un proceso paralelo en la redistribución de la carga de tareas domésticas. En consecuencia, cada vez son más las tensiones entre vida laboral y familiar.

La sobrecarga de responsabilidades familiares provoca discriminaciones y desventajas para las mujeres en el mercado de trabajo: mayores dificultades para insertarse laboralmente, menos oportunidades producto de la segregación laboral, menores ingresos como resultado de la discriminación salarial y la menor valoración de las ocupaciones en que se concentran las mujeres, y mayor informalidad (y, en consecuencia, menos protección social).

La falta de una distribución equilibrada del trabajo reproductivo y la consiguiente sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado genera en las mujeres consecuencias negativas para las familias, pues son más las dificultades para proporcionar una atención adecuada a niños y niñas, adultos mayores y enfermos. Estas estrategias de conciliación entre vida laboral y familiar son mayormente privadas: quedan a cargo de las familias y, sobre todo, de las mujeres. La máxima tensión se da, entre otras, en las familias de trabajadoras migrantes.

En medio de esta situación, a falta de opciones públicas o de otras opciones privadas viables, las cooperativas están surgiendo como un tipo innovador de proveedor de cuidados.

La legislación laboral, la seguridad social y las políticas de conciliación son cruciales en la interacción entre vida laboral y familiar. Además de responder a demandas conciliatorias muy específicas relacionadas con el embarazo y la maternidad, han de considerar las responsabilidades familiares que corresponden a padres y madres.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el acceso a medidas y beneficios como la licencia de maternidad están generalmente asociadas al vínculo laboral; y, por lo tanto, solo accesibles para asalariadas formales. ¿Quiénes quedan fuera? Los hombres y las mujeres que trabajan en la informalidad –en algunos países, son mayoría– y las trabajadoras sin las cotizaciones previsionales al día.

Una de las respuestas: los servicios de cuidado infantil universales. Como parte de los sistemas de protección social –financiados con fondos públicos y de calidad–, pueden mejorar la vida y la seguridad económica de las trabajadoras de la economía informal, apoyar su transición a la economía formal y promover la igualdad de género en el trabajo.

El papel de las empresas y sus organizaciones es también vital para promover la conciliación con corresponsabilidad social en materia de cuidados.